SANTO DOMINGO, RD.- El presidente Leonel Fernández encabezó este jueves el Foro “Hacia un Tribunal Constitucional: Prerrogativas y Competencias”, donde quedó constituida una comisión asesora del Congreso Nacional, la cual se encargará de ayudar a resolver el impasse producido con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica que crea el Tribunal Constitucional.

Dicha comisión la integrarán los juristas Mariano Germán, que la coordinará, y quien hizo una propuesta que entiende que puede servir de sugerencia inicial, así como César Pina Toribio, Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huerta, Víctor Joaquín Castellanos y Flavio Darío Espinal.

Además, el primer mandatario sugirió a los magistrados y a todo aquel que pueda aportar alguna idea, someter al Congreso sus sugerencias y observaciones.

Dijo esperar que el 17 de febrero, cuando termine la legislatura extraordinaria,  haya una solución a la controversia suscitada con el Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que manifestó será algo relevante y positivo para la democracia dominicana.

Aclaró que no existe un modelo que todos puedan aceptar como la verdad última sobre el tema, y que les atañe a los dominicanos decidir cual es exactamente la arquitectura institucional que se quiere para el país.

Aunque dijo que hay temores de que pueda haber un poder como “podría ser este Tribunal Constitucional que tuviese tantos poderes que pone al resto de la República a merced de sus decisiones, obviamente que eso no se quiere, no queremos tener una institución que albergue tanto poder que estemos a merced de lo que ellos puedan decir”.

En ese orden, el doctor Fernández dijo que hay que crear un mecanismo de contrapeso que neutralice esa acción, y habló de la idea de conocer sentencias por el poder difuso de constitucionalidad, que consideró es la más fácil.

El gobernante puntualizó que la ley constitucional está previendo tres modalidades, y citó el difuso, el amparo contra actos jurisdiccionales y una revisión constitucional de sentencia que hayan adquirido calidad de cosas juzgadas.

El jefe de Estado señaló que con este despliegue de cultura jurídica suscitado en el encuentro, la República Dominicana puede ser una especie de potencia en materia de derecho a nivel internacional.

Dijo que se busca el diseño adecuado de tribunal constitucional, donde cada uno de los sectores de la vida nacional pueda estar conforme.

La Comisión designada por el jefe de Estado la encabeza Mariano Germán, quien hizo una propuesta formal en la que establece que se debe aceptar que la Constitución permite la revisión de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia dadas en Corte de Casación y establecer un procedimiento con la finalidad de fijar lo que son las competencias del TC y del Poder Judicial, para que se establezca un equilibrio del poder de cada uno de los organismos.

En el encuentro celebrado en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Marco Herrera y la introducción de los debates estuvieron a cargo de monseñor Agripino Núñez Collado.

Las primeras exposiciones fueron las de Milton Ray Guevara, quien dijo que el derecho constitucional se ha constituido como el derecho de la democracia, le prosiguieron el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, Olivo Rodríguez Huerta, Josué Antinoe Fiallo, el vicepresidente Rafael Alburquerque, Marino Vinicio Castillo, Mariano Germán, Vinicio Castillo Semán, Eduardo Jorge Prats, Servio Tulio Castaños, Trajano Vidal Potentini, Hermógenes Acosta, Cristóbal Rodríguez, José Ricardo Taveras,  entre otros.

Entre quienes se oponen a que el Tribunal Constitucional revise las sentencias se inscribieron el vicepresidente Alburquerque, el doctor César Pina Toribio, Reinaldo Pared Pérez, Julio César Valentín, mientras que los juristas a favor de esa acción coinciden en la creación de la Ley de Procedimiento y cumplir con el mandato del artículo 277 de la Constitución.

Advierten que el Tribunal Constitucional podría autorregular sus funciones tan pronto sea conformado, y que no lo haría para suprimirse poderes, sino para hacer valer el mandato de la Constitución.

De su lado, el Procurador Radhamés Jiménez Pena, citó el caso de Colombia, donde se dejó claro el alcance del Tribunal Constitucional en cuanto al Poder Judicial.