El ex presidente Hipólito Mejía afirma que en América Latina y El Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y una distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.
Afirmó que una evidencia de esa realidad es que sólo en el año 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte millones de dólares, cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en la región.
El ex Presidente Mejía disertó sobre el tema ” Política y Corrupción” en la Octava Conferencia Regional. de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel del este del país.
Mejía expresó: “Quiero hacer algunas propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Una legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación debe establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad, la cual, más que la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado y es otra como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
El modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente como garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
En las últimas elecciones esas instituciones han sido instrumentos al servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una profunda modificación del sistema electoral.
Es obvio que la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando no se ejerce, debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política, condición imprescindible para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
“Se asume, sentenció, que la corrupción ocurre cuando se usa el poder que otorga la cercanía con el aparato político oficial, para apropiarse en beneficio personal y privado de recursos destinados al bien común. La corrupción, pues, es una negación de la transparencia”.
El ex mandatario señaló al destacar la relación entre política y corrupción que se fundamenta en la combinación de control extraordinario que disfruta el aparato estatal de recursos naturales, empresas e instituciones unido a la debilidad institucional.
“Es precisamente para acceder y mantener ese control que muchos políticos y empresarios invierten dinero, compran conciencias, debilitan instituciones, desmovilizan a la sociedad, controlan medios de comunicación, usan el clientelismo, practican la extorsión, promueven el favoritismo, alimentan el nepotismo, y, cuando es necesario, recurren al terror y al miedo”, dijo.
