Los ocho años transcurridos desde que fuera promulgada la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08 son más que suficientes para haberle dado plena vigencia, y el gobierno debería aprovechar la celebración esta semana en esta capital de un evento sobre la materia, tal vez tan edificante como la Conferencia Internacional de la semana pasada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, a la que fueron invitados funcionarios y líderes de opinión dominicanos.
La legislación nacional fue fruto de consultas y recomendaciones de organismos multilaterales, para promover la competitividad, innovación y eficiencia empresarial, en aras de mejorar la productividad, la transparencia, la efectividad de las licitaciones, para reducir costos de bienes y servicios, habida cuenta de que se ha demostrado que la libre competencia es ingrediente fundamental del desarrollo económico.
La ley estableció un “plazo máximo de 90 días” para la instalación de sus órganos operativos, la Comisión Nacional para Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), con un consejo directivo y un director ejecutivo, tras lo cual se daba otro plazo de 60 días para que presentaran al Poder Ejecutivo un proyecto de Reglamento de aplicación de la ley. Los cinco miembros del Consejo fueron designados, pero a tres ya se les cumplió su período, sin que el Ejecutivo designarael director ejecutivo.
Se estima que intereses creados coludidos con funcionarios han incidido en la inoperancia de la Ley 42-08, una normativa que forma parte de un conjunto de reformas para la eficiencia del Estado, muchas de las cuales han sido ignoradas, como la de salarios públicos, o ejecutadas a medias, como la de Defensor del Pueblo.
Por lo menos la Comisión Nacional de Pro-Competencia ha tenido una dinámica y persistente presidenta, Michelle Cohén, que no deja de tocar puertas nacionales e internacionales buscando dar cumplimiento a su objetivo fundamental de “promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras”, según su ley orgánica.
Los que asistimos a la Conferencia Internacional “Contribuciones de la Competencia Económica al Desarrollo de las Naciones”, en la OCDE, pudimos comprobar el crédito que se ha ganado la presidenta de la Comisión Nacional entre los altos funcionarios de esa institución, que disertaron sobre la libre competencia, como su gerente de Relaciones Globales Anna Thiemann, el presidente de su Comité de Derecho y Política de Competencia, Fréderic Jenny, el Jefe de la División de Competencia, John Davies, y el experto Antonio Capoblanco. También pudimos escuchar las experiencias de Bruno Lasserre, Presidente de la Autoridad de Competencia Francesa, y de José Marín Quemada, Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España.
Davies mostró que “los países que han mejorado su sistema económico con políticas de competencia, aumentaron significativamente sus tasas de crecimiento y disminuyeron sus niveles de pobreza”. Jenny advirtió que “la competencia económica no ocurre de manera espontánea y que tiene que haber una autoridad fuerte con mecanismos y herramientas para hacer frente a los carteles y la manipulación de licitaciones públicas que perjudican el bienestar económico y social”.
Lograron demostrar que la competencia reglamentada, con organismos de real independencia de los poderes públicos y privados, y con eficientes mecanismos de sanciones, reduce precios a los consumidores y al Estado, que es el mayor comprador de bienes y servicios. Marín Quemado proclamó que los órganos de competencia son “fundamentales en el Estado moderno” y que el costo de no tenerlos es muy alto para cualquier país porque se traduce en desigualdad social, falta de generación de riqueza y malestar político”. Y a una pregunta nuestra dio cuenta que el año pasado en España la Comisión que él preside desmanteló 14 carteles y sancionó por 549 millones de euros.-
