Tal como se advirtió desde el primer momento en la nómina de los 3 mil 805 ciudadanos y ciudadanas registrados para observar las elecciones del 20 de mayo no había delincuentes, ni narcotraficantes ni asaltantes, pero mucho menos constituían una asociación de malhechores como se sostuvo en una rueda de prensa efectuada el 1 de mayo en la Junta Central Electoral (JCE) donde se agravió no sólo a esas personas y al movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), sino también a decenas de organizaciones sociales, religiosas y comunitarias de todo el país en las que militan.
Pasaron 8 días para que se lograra que la Comisión de Observación Electoral de
La JCE recibiera a dirigentes de PC para analizar las pruebas o siquiera evidencias que sustentaran sus infamantes declaraciones. El balance confirma que el objetivo era difamar y descalificar a PC presentando a sus voluntarios como una red de delincuentes.
El informe rendido por los comisionados de PC indica que los observadores objetados por la JCE no fueron los 188 arrojados por una muestra del 15 por ciento de los 3,805, como se informó el 1 de mayo, sino que ascendieron a 236 del total, lo que ya evidencia una grave inconsistencia. Pero lo fundamental es que apenas se pudo documentar un caso en que medió una sentencia.
De entrada hubo que reivindicar a 116, casi la mitad, cuyo “delito” es errores en el número de sus cédulas. Otros 91 fueron considerados “vinculados” a partidos políticos. Absurdamente en 25 de estos casos no pudieron identificar el partido. Los restantes 66 fueron relacionados con 13 partidos diferentes, 32 de ellos a los que integran el frente electoral que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, y 28 al encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchos de estos fueron candidatos a regidores, suplentes y vocales de pequeños municipios y distritos municipales por partidos emergentes. Ni uno solo dirigente conocido de algún partido.
En la nómina de observadores aparecieron 3 identificados como militares, lo que no puede sorprender ya que en la reciente auditoría del padrón electoral, realizada por técnicos de la OEA se advirtió que hay retrasos en los ingresos y egresos de militares y en dar de baja a los que fallecen. Justo el miércoles 9 de mayo, cinco meses después de cerrado el padrón electoral, la JCE comunicó su resolución 24/2012, la cual habilita para ejercer el voto a 760 ciudadanos, dados de baja como militares y policías.
Los restantes 27 fueron objetados por tener “antecedentes judiciales”, aunque en realidad sólo se presentó evidencia en uno solo, un ciudadano que recibió una sentencia judicial y fue indultado, lo que se supone le restituye sus derechos. De los otros 26 no se presentó evidencia de que tengan procesos judiciales pendientes. Nueve estaban fichados por la policía y tres habían sido arrestados, sin cargos específicos. De dos se dijo que estaban presos, pero sin documentación de la Dirección Nacional de Prisiones. Y uno de ellos había sido sometido a la justicia por consumo de droga, según el llamado Sistema de Investigación Criminal, pero sin constancia de que fuera procesado.
En resumen: que la Comisión de la JCE no pudo justificar sus infamantes acusaciones contra personas que aparecen en el padrón electoral por lo que tienen derecho a elegir y ser elegibles, y quienes lo que merecen es reconocimiento por ejercer sus derechos ciudadanos a observar unas elecciones.
Si en este país se respetara siquiera mínimamente los derechos constitucionales, la JCE no hubiese cometido el desaguisado de calumniar a tantos ciudadanos y de intentar descalificar a Participación Ciudadana. Demostrada la falta de fundamento lo menos que se debería esperar es una excusa pública, tan difundida como la calumnia.
Yo, Juan Bolívar Díaz Santana, el número 17 en el listado de observadores de PC, uno de los relacionados con el narcotráfico en aquella infame declaración de prensa, quedaré esperando una excusa o reparación moral. Sigo creyendo que fue una errática inadvertencia, pero los errores también se deben reparar, al menos entre seres humanos racionales y honrados.-
