La Barrick deberá transar con Danilo

Los términos radicales del presidente Danilo Medina sobre la inequidad del contrato que ampara la nueva explotación minera del oro y la plata de Pueblo Viejo, Cotuí, obligan a la empresa minera a una transacción que eleve de inmediato los beneficios del Estado.

Tras las expectativas alentadas y el respaldo recibido, el gobierno dominicano no podrá salir con las manos vacías, y aunque amenaza con una ley para gravar el sobreprecio del oro, tendrá que preferir una transacción que mantenga el clima adecuado a la inversión y al crédito extranjero que reclama el sector empresarial.

La gran sorpresa

Se contempló la posibilidad de que el presidente Danilo Medina aprovechara la oportunidad de su primer informe anual y la festividad de la independencia nacional para plantear la procedencia de una revisión del contrato con la Barrick Pueblo Viejo para la explotación del oro y la plata de Cotuí, pero nadie esperaba una formulación tan enérgica y contundente que le generaría un respaldo tan amplio como el que ha tenido de inmediato.

En sectores empresariales se teme que el paquete tributario que cobró todo su vigor en febrero haya generado recesión, con reducción de las ventas y en el crédito, y por consiguiente que las recaudaciones fiscales estén por debajo de lo estimado, lo que estarían compeliendo al gobierno a buscar mayores recursos. Las exportaciones de oro y plata con precios alrededor de 1,600 y 29 dólares la onza al comenzar la semana, era una fuente apreciable.

No se había informado oficialmente, pero se sabía que funcionarios del gobierno estaban en conversaciones con los ejecutivos de la Barrick buscando una renegociación del contrato, y que la empresa “no estaba fácil”. A la vista pública sostenía una intensa campaña de promoción y autodefensa que habría provocado la ofensiva presidencial. No había mejor escenario que el de la Asamblea Nacional el 27 de febrero.

El licenciado Medina decidió lanzarse a la ofensiva después de “decenas de reuniones…sin que se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro”.

La inequidad es tan grande que proliferaban los gritos de indignación incentivados por el gobierno y particularmente en el Congreso Nacional. Sobre esa ola se montaría Medina buscando forzar una renegociación.

Argumentos contundentes

Cuatro son los argumentos fundamentales en los que el presidente Medina fundamenta la necesidad de la renegociación. El primero es contundente: bajo el actual contrato, sobre un precio promedio de 1,700 dólares la onza de oro y de 28 la de plata, y con un monto estimado de exportaciones anuales por 1,753 millones de dólares, en lo inmediato el Estado apenas recibiría 56 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento. Segundo: cuando la Barrick compró los derechos de la Placer Dome sobre la mina, creyó legítima una renegociación y el Estado accedió. Tercero: que desde entonces, el oro ha subido de 555 dólares por onza, a un promedio  de 1,700 dólares, reflejando importantes cambios en el mercado. Y cuarto: que las renegociaciones e impuestos sobre ganancia son comunes en el mundo, señalando múltiples países.

El hecho de que el precio del oro en la actualidad triplique el que promediaba cuando en el 2009 se renegoció el contrato con la Barrick opera a favor de una nueva revisión, ahora para beneficiar al dueño de la mina. Con los actuales niveles de precio, estimando que en los dos primeros años la empresa obtendría ingresos netos de 2,600 millones de dólares, casi recuperaría el monto de su inversión en ese periodo mientras el Estado “estaría recibiendo migajas”, según planteó el mandatario.

Como la Barrick afirma que su inversión ha sido de 4 mil millones de dólares, la recuperaría realmente en tres años. Son 1,400 millones de dólares más de los 2,600 millones que estimó cuando renegoció el contrato, según la empresa por “encarecimiento de equipos, materiales y del petróleo”. Con los precios que entonces tenían los metales, un tercio de los actuales, necesitaban de seis a ocho años para amortiguar una inversión que sería requerida progresivamente a lo largo de tres años.

En ese escenario, la Barrick no tiene por qué empeñarse en cubrirla ahora en tres años y bien puede reprogramar su amortización, lo que registraría beneficios netos inmediatos y permitiría adelantar el pago del 25 por ciento de impuesto sobre la renta y el 28.75  por ciento de participación en las utilidades para el Estado y la proporción correspondientes a los inversionistas. Los siete bancos prestatarios norteamericanos y canadienses harían buen negocio recibiendo sus intereses, los que se cargarían a mediano plazo no sólo a renta de la empresa sino también a la del Estado.

La mejor solución visible

La mejor solución visible es la renegociación. El camino del impuesto al sobreprecio mediante una ley podría ser justiciero, pero sin duda sería más conflictivo porque afectaría “el clima de inversiones y la imagen internacional del país” que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y embajadores influyentes han recordado a propósito del discurso presidencial.

La Barrick reaccionó de inmediato planteando que “la seguridad jurídica es fundamental para alcanzar la meta de generar beneficios compartidos” y confirmó que “hemos tenido acercamientos amigables con el Estado dominicano en los cuales se han analizado las inquietudes derivadas del contrato, sin dejar de señalar las limitaciones que tenemos, debido a compromisos que hemos asumido con las instituciones que financian el proyecto”. Y ratificó “disposición al diálogo”.

Los mismos legisladores que aprobaron el contrato del 2009 en términos tan desventajosos, sin leerlo porque así lo quiso el presidente Fernández, levantarían las dos manos ahora para modificarlo, si se lo pide el presidente Medina, pero eso crearía un nuevo escenario político, con el alto empresariado en la acera del frente, temeroso de otros “cambios de las reglas del juego”, en términos impositivos y especialmente frente a los contratos de los generadores eléctricos, pendientes también  de revisión. Se cree que empresarios influyentes en el país tienen acciones en la mina y otros hacen buenos negocios con su explotación.

La Barrick se iría al arbitraje internacional, amparada en el desconocimiento de un contrato, lo que implicaría riesgo para el Estado, que en el pasado ha perdido varias veces y nunca ha ganado en ese escenario. Con las exportaciones detenidas se atrasaría la amortización de la deuda y ambas partes perderían mientras pasen meses y tal vez uno o dos años para un dictamen, y la economía nacional se vería afectada por elevación de los riesgos de inversión y dificultades y costos de financiamientos internacionales que acentuarían los déficits internos y externos que amenazan la estabilidad.

Una situación dramática

Es obvio que los ejecutivos de la Barrick subestimaron el clamor nacional contra los términos de un contrato absolutamente inequitativo en una materia tan sensible como el oro, tal vez porque los había pactado con el líder del mismo partido de gobierno. Es probable que asesores y empresarios nacionales le aconsejaran mantener una posición tan inflexible sin presentar alguna alternativa viable más allá de adelantar el pago de impuestos futuros. Uno que otro analista le advirtieron fríamente que deberían transar, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno no permitiría que todo su período transcurriera con migajas de las exportaciones de oro y plata y en medio de tantos déficits heredados.

Acabando de ratificar su popularidad con la revocación de la negociación con los usurpadores de los terrenos estatales de Bahía de las Aguilas, el presidente Medina decidió jugarse una partida dramática con expresiones de ultimátum como “último llamado”, que “el oro es del pueblo dominicano y de nadie más” y que “sólo podrá ser extraído, procesado y exportado si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no renovable son justas y favorables para las dominicanas y dominicanos”.

Tras esos términos, capitalizando y potenciando el sentimiento nacional, el gobierno no puede salir con migajas. Ahora la Barrick tendría que conceder más que si hubiese negociado en la etapa confidencial. Debe asumirse que Danilo Medina midió los riesgos antes de lanzarse “manos a la obra”. Antes cualquier concesión era ganancia, ahora necesita algo substancial en proporción a sus planteamientos, pues su prestigio se juega en el país y dentro de su propio partido donde están los responsables de una negociación tan desventajosa que se conformaban casi sólo con la inversión, que ha sido de apenas 1,400 millones de dólares, según las propias cuentas de la Barrick, porque en su mayoría se quedó fuera en compra de equipos, materiales y servicios.

El grito de inaceptable con que Danilo Medina selló su discurso ante la Asamblea Nacional retumba en todo el país y tendrá que ser recogido por la Barrick Pueblo Viejo que no podría realizar la explotación minera con la hostilidad del gobierno y de casi todos los sectores nacionales. Ni aún si fuera favorecida en un arbitraje internacional. Porque no es sólo un conflicto legal, sino de legitimidad y justicia, y porque tiene un margen de beneficio tan amplio que puede reducirlo y seguir haciendo un negocio fabuloso.

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