La abogada especialista en Derecho Administrativo y en Compras y Contrataciones Públicas, Yulibelys Wandelpool, integrante del Comité Central del PLD, advirtió que la declaratoria de emergencia nacional en el sector eléctrico establecida mediante el Decreto 517-25 debe evaluarse a la luz de lo que realmente contempla la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación (Decreto 416-23).
Según explicó, la medida del Gobierno busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico y permitir a las distribuidoras y generadoras ejecutar proyectos de expansión y fortalecimiento de la red. Sin embargo, alertó que “no toda dificultad operativa o financiera constituye una emergencia legal”.
“El marco jurídico busca equilibrar rapidez y transparencia. Si usamos las compras de emergencia como atajo, debilitamos la competencia y la confianza en el sistema”, expresó en un artículo publicado en Diario Libre y Vanguardia del Pueblo.
Qué dice la ley sobre compras de emergencia
Wandelpool recordó que este procedimiento es una excepción regulada en el Artículo 6, Numeral 1 de la Ley 340-06, aplicable únicamente en casos de fuerza mayor o situaciones de seguridad nacional que no admitan demora.
El Reglamento 416-23 (Art. 52) precisa que la figura procede en casos graves e inminentes, como catástrofes naturales, crisis sanitarias o desabastecimientos que pongan en riesgo la economía o la vida de las personas. Además, las contrataciones bajo esta modalidad deben cumplir cuatro requisitos:
- Que el hecho sea sobreviniente y extraordinario.
- Que exista urgencia incompatible con la licitación ordinaria.
- Que la contratación sea proporcional al problema.
- Que se justifique documentalmente y se publique en el SECP en un plazo de 15 días hábiles, con rendición de cuentas ante Contraloría y Cámara de Cuentas.
Preocupación por alcance de la medida
La jurista llamó la atención sobre el hecho de que la declaratoria no solo contempla compra de equipos e infraestructura, sino también la contratación de consultores, asesores y servicios jurídicos y financieros.
“Una consultoría es una herramienta de planificación que genera resultados a mediano plazo. Si se contrata por vía de emergencia, el mensaje es que existe un déficit de capacidad técnica en el Estado que debería ser atendido estructuralmente”, puntualizó.
Llamado a la planificación y al fortalecimiento institucional
Wandelpool insistió en que garantizar energía es prioritario, pero advirtió que la excepción no puede convertirse en la regla.
“La verdadera política pública no es improvisar cada vez que hay presión sobre el sistema, sino planificar con visión de largo plazo y fortalecer las instituciones. Solo así reduciremos la dependencia de medidas de excepción”, afirmó.
Finalmente, exhortó a no seguir justificando decisiones excepcionales con crisis del pasado:
“No podemos seguir amparándonos en la pandemia de 2020 o en la guerra de Rusia y Ucrania de 2022 para justificar medidas de excepción en 2025. Si normalizamos esas justificaciones, debilitamos la institucionalidad y perpetuamos la improvisación”, concluyó.
