La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó la medida de coerción, consistente en prisión preventiva contra el suspendido alcalde La Romana, Juan Antonio Adames Bautista y su colaborador Rafael Augusto; mientras que varió medida a Francisco Severino y le impuso prisión domiciliaria.
El abogado de Adames, acusó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de actuar políticamente, ya que asegura que contra su defendido no hay una acusación formal.
Asimismo, el abogado del suspendido alcalde llamó al pueblo de La Romana a lanzarse a las calles en un plazo de 15 días, para reclamar su libertad. Está acusado de un desfalco y de emitir cheques sin fondos.
A la audiencia se presentaron familiares y amigos de Adames, quien tras salir del tribunal, dijo que en su contra hay toda una presión mediática y que su encarcelamiento le ha provocado problemas personales.
