SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, se querelló contra un abogado que alegadamente utilizó falsamente su nombre para cobrarle a una mujer 75,000 dólares, a cambio de gestionarle la devolución de 27 vehículos que habían sido retenidos por el ministerio público en un caso de narcotráfico.
La querella contra el licenciado Juan Carlos Acosta Pérez fue tramitada a través del presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Diego García, y el fiscal nacional de esa institución, Pedro Domínguez Brito, mediante un oficio de fecha 11 de mayo, firmado por el mayor general Rosado Mateo y consultor jurídico de la DNCD, Jhon Garrido.
También se querelló contra Acosta Pérez la señora Mayra Ivelisse Cordero Peguero, quien denunció que fue estafada con US75,000 dólares por el abogado, con la promesa de gestionarle ante el mayor general Rosado Mateo la devolución de los vehículos, retenidos a varios familiares acusados de lavado de activos.
Los implicados en el caso de supuesto lavado de activos son Roberto Antonio Ortiz Cordero y Roy Francisco Sánchez Zamora, propietarios de “dealer” en la Zona Oriental.
La instancia contra el abogado Acosta Pérez fue confirmado por el portavoz de la DNCD, Roberto Lebrón. “Está en marcha una acción contra ese abogado”, dijo Lebrón, sino ofrecer detalles.
Cordero Peguero, junto a Francisca Pérez Gómez, contrató los servicios legales de Acosta Pérez y le entregó el dinero para iniciar los trámites para recuperar los 27 vehículos bajo custodia del Ministerio Público, supuestamente a través del presidente de la DNCD y del fiscal adjunto Isidro Vásquez Peña, cuyo nombre también utilizó inconsultamente.
En su sometimiento, Rosado Mateo dice que “los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad”, se lee en el artículo primero del Código de Ética del Abogado.
La DNCD decidió actuar contra Acosta Pérez después de recibir una queja de la señora Cordero Peguero en torno a que habría entregado la alta suma a la citada persona con el compromiso de hacer posible la devolución de los vehículos. Y luego, según la querella de Cordero Peguero, el profesional del derecho visitaba a los imputados a sus celdas de la cárcel de La Victoria para exigirle RD$2,400,000 adicionales parta trabajar.
Se estableció que el CARD inició las investigaciones de lugar, por intermedio del fiscal de su Tribunal Disciplinario, presidido por el licenciado Pedro Domínguez Brito, a los fines de valorar los requerimientos hechos contra el sometido, entre ellos el invalidarlo de manera perpetua para ejercer la profesión de abogado. El sometimiento fue hecho el 11 del mes de mayo en curso.
Está libre bajo fianza
Acosta Pérez fue detenido a finales de diciembre de 2009 por mandato de la Fiscalía del Distrito por alegadamente haberse apoderado de un lujoso apartamento propiedad del narcotraficante José David Figueroa Agosto, pero fue liberado luego mediante garantía económica en el Juzgado de Atención Permanente, presidido en esa oportunidad por el magistrado José Alejandro Vargas.
