SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana(CCRD) aclaró este jueves que son improcedentes las “auditorías forenses técnico financieras” solicitadas por la Procuraduría General de la República con relación a 17 obras realizadas en el país por la multinacional Odebrecht y explicó que en lugar de estas realizará “investigaciones especializadas” a los proyectos estatales construidos  en el período 2001-2014.

A través de un comunicado enviado a El Nuevo Diario, la CCRD precisó que las indagatorias se aplicarán a los proyectos de cuatro instituciones gubernamentales que aparecen a continuación y que fueron construidos desde el 7 de marzo de 2001 hasta el 14 de abril del 2014:

  1. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA): Acueducto Noroeste, de la Línea Noroeste, ampliación del Acueducto del Noroeste, acueducto Samaná/Hermanas Mirabal.
  2. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE): Hidroeléctrica Pinalito y Termoeléctrica Punta Catalina.
  3. Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID): Hidroeléctrica de Palomino.
  4. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): Carretera de Casabito, Corredor Duarte, autopista del Coral, circunvalación La Romana, carretera del Río Jarabacoa, carretera Cibao Sur, carretera Bávaro- Miches- Sabana de la Mar, Corredor Duarte II, Ecovías de Santiago, Bulevar Turístico del Este y la circunvalación San Pedro de Macorís-La Romana.

El anuncio de la investigación se produce un día después de que la procuraduría anunciara que había recibido de las autoridades brasileñas los expedientes del caso Odebrecht, vinculados al Estado dominicano.

La entidad estatal explicó que las indagatorias se efectuarán a petición del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien solicitó auditar las referidas obras, construidas o en proceso de construcción por Odebrecht, el pasado 25 de abril del año en curso.

La CCRD subrayó que las investigaciones especiales se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales, tales como crímenes o delitos contra el patrimonio público.

POR SAMUEL GUZMÁN