SANTO DOMINGO, RD.– El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, afirmó este miércoles que se producirán cambios profundos en los artículos sobre la difamación e injuria contemplados en el proyecto que modificará el Código Penal. El congresista garantizó que no perecerá el derecho que tiene cada ciudadano a expresarse libremente en el país, y que el estudio sobre el tema se desarrollará de manera abierta, sin apresurar los debates a fin de documentar y enriquecer los aspectos con esta legislación.

Martínez habló durante la vista pública sobre las modificaciones al Código Penal, y expuso su planteamiento en particular a los artículos del 191 al 195 sobre difamación e injuria.

El Colegio de Periodistas Dominicanos (CPD), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), directores de medios de comunicación expusieron en la vista pública y pidieron excluir del Código Penal los citados artículos.

Debates

La Comisión de Justicia realizó vistas públicas sobre el Código Procesal Penal Dominicano (CPD) para escuchar las opiniones y sugerencias de los diversos directores de medios de comunicación sobre la figura de difamación e injuria.

El Código Penal Dominicano tiene 12 años de estudio en el Congreso.

“Expresamos nuestra honda preocupación por la presencia en el citado proyecto, de disposiciones que de ser aceptadas, no solo significarán, un vergonzoso retroceso en el camino hacia una plena democracia en nuestro país”, expresó el doctor Rafael Molina Morillo, director del Periódico El Día, en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Expuso a la Cámara de Diputados eliminar del artículo 191 todo lo que implique prisión como penalidad, eliminación total del artículo 193, además, someter a discusión el anteproyecto de ley que se elaboró para sustituir la absoluta Ley 6132, por encargo del ex presidente Leonel Fernández, que estuvo a cargo de una comisión de expertos.

El ejecutivo de la SIP entregó a la Comisión de Justicia el anteproyecto de Ley de Libre Expresión, para su sometimiento y ponderación.

En tanto, Servio Tulio Castaños, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), planteó la necesidad de modificar el código, “revisarlo sin ningún tipo de pasiones para que sea posible la despenalización de la difamación e injuria.

Finjus plantea eliminación del Código el artículo 191, 193, y someter a discusión de nuevo el proyecto que estudia la Comisión de Justicia.

Namphí Rodríguez, abogado y miembro de la comisión de redacción de los Códigos de Comunicación elaborado por el Poder Ejecutivo, sugirió a la Cámara Baja que “se excluya la materia de difamación e injuria del código, y se deje a la ley orgánica, al ámbito especial de la ley 6132 sobre Difusión del Pensamiento que tiene sanciones especiales”.

Miguel Franjul, director del Listín Diario se solidarizó con lo expuesto por Molina Morillo, Finjus, Namphi Rodríguez y apuntó que “es una gran oportunidad para corregir las distorsiones entre la Ley 6132 y lo establecido en el Código Penal”.

Trajano Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia, externó que la propuesta de Código Penal sancionada en primera lectura por la Cámara Baja, viola la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al imponer un régimen de “lesa majestad, “ley mordaza” o “ley de desacato” al aumentar a un año de prisión para sancionar la ofensa o supuesta deshonra que se pueda cometer contra un funcionario público del Estado”.

Aurelio Henríquez, del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) informó que los artículos 367, 376 del Código Penal, porque de ser aprobado chocarían con los postulados de la Constitución. “Nadie de bebe ser penalizado por criticar a funcionarios públicos, sería un retroceso a la sociedad y democracia”.

El presidente del CDP dijo que la penalización debe ser moral y civil, y

Olivo de León, secretario general del SNTP sugirió que se eliminara el artículo 91.

José P. Monegro, subdirector del periódico El Día, coincidió con los planteamientos expuestos por los diversos directores de medios de comunicación relativo a excluir del Código Penal la difamación e injuria.