SANTO DOMINGO,RD.-Un grupo de 140 inmigrantes haitianos está denunciando el trato discriminatorio que reciben en la Dirección General de Migración (DGM). Desde inicios del 2011, la mayoría de ellos inició el procedimiento para lograr o renovarla residencia en República Dominicana. A la fecha, la mayor parte no ha recibido ninguna respuesta de la DGM. A otros se les ha notificado que su solicitud debe ser reintroducida de acuerdo a los criterios del nuevo reglamento de aplicación de la Ley general de migración promulgado en octubre del 2011. Esta práctica discrecional es inconstitucional, puesto que ninguna norma legal se aplica retroactivamente.
Como contraste, el grupo señala que inmigrantes de otras nacionalidades reciben respuestas a sus solicitudes dentro de un plazo de depuración de 4-6 meses. A este trato discriminatorio se añaden los costos de solicitud de residencia, que ronda los RD$30,000 pesos, sin incluir gastos de transporte. La inversión de tanto dinero y tiempo representa un sacrificio para los solicitantes de origen haitiano. Sin embargo, a pesar de su situación económica precaria, el grupo manifiesta que quiere cumplir con las leyes migratorias del país y residir legalmente en él. La DGM, en cambio, dificulta los procesos de regularización en franca violación de los derechos fundamentales.
Este grupo de inmigrantes haitianos no se ha quedado cruzado de brazos. Una delegación entregó una carta al Director de la DGM, al Ministro del Ministerio de Interior y Policía y al Jefe De Misión de la Organización Internacional para las Migraciones explicando la situación. La carta venía acompañada de copias de los recibos de depósito de cada solicitud firmada por la misma DGM en las que quedan documentadas la fecha del depósito, la satisfacción de los requisitos establecidos para solicitar la residencia y la constancia del pago de todos los impuestos y tarifas correspondientes.
La práctica discriminatoria se registra a partir del nombramiento del actual director de la DGM, José Ricardo Taveras, miembro de la Fuerza Nacional Progresista. El señor Taveras fue nombrado en la posición en marzo de 2011 y desde entonces no se sabe, si se han autorizado residencias a solicitantes de origen haitiano. La medida ha afectado incluso a misioneros religiosos católicos. El grupo de haitianos denuncia que se autorizan residencias a las demás nacionalidades, en franca violación de los principios constitucionales.
La denuncia del grupo de inmigrantes ha sido confirmada por la Oficina de Asistencia Legal del Centro Bonó. En 2011, los abogados del Bonó ayudaron a depositar 72 solicitudes de residencia. De estas solicitudes, 66 eran de nacionales haitianos y 6 de otras nacionalidades: dos italianas, una belga, una cubana, una boliviana y una española. Las nacionalidades que no eran haitianas recibieron sus residencias en un plazo de 4-6 meses, mientras las haitianas todavía siguen esperando.
Los inmigrantes haitianos se quejan de que, al no tener la residencia vigente, han perdido empleos y no han podido visitar a sus familiares en su país de origen. Denuncian además que otros compatriotas suyos han padecido deportaciones sin apego a los procedimientos humanitarios.
Los solicitantes piden que se elimine la discrecionalidad en la DGM y que las decisiones se adopten con mayor transparencia y justicia. Esto implica que la DGM desista de su política discriminatoria.
Las actuales autoridades dominicanas no están siendo coherentes con el plan de gobierno que han anunciado. Aún tienen como tarea la regularización de las relaciones con nuestro vecino pueblo, que es nuestro segundo mejor socio económico. De mantenerse la situación, se corre el riesgo de perder una oportunidad histórica debido a una política incoherente y arbitraria en asuntos migratorios, alimentada por un nacionalismo mal entendido.
