SANTIAGO.- El presidente del Grupo Bocel, Rubén Reynoso, solicitó al Presidente de la República Danilo Medina, disponer una exhaustiva investigación sobre las condiciones en que el juez interino de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, Henry Domínguez, liberó a Carlos Lama Séliman, acusado de estafa contra Molinos Valle del Cibao.

Al mandatario le explica, que “luego de una lucha de 8 años nuestros abogados lograron la extradición del prófugo Carlos Antonio Lama Seliman, constituyendo este caso uno de los más controversiales en Santiago, principalmente porque el jurista recién apoderado de este imputado es, Pedro Domínguez Brito.

El empresario Rubén Reynoso dice al ejecutivo dominicano, que el abogado Pedro Domínguez Brito, alegadamente se presentó a la Cárcel Rafey a procurar de manera clandestina a su cliente (Lama Séliman), “montando una operación tipo Jack Bauer”, sin dejar a un lado el circo que ha hecho en los medios de comunicación, que no solo evitó se aplicarán las distintas órdenes de arresto, sino que nadie se atrevió a apresar al imputado.

En la misiva al presidente Medina, el Grupo Bocel señala, que de manera radical la actitud de gran parte del sistema cambió a partir de la contratación de la firma de abogados Domínguez Brito, llegando al extremo, que el juez interino magistrado Domínguez varió mediante una decisión administrativa la coerción que le fuera impuesta a Lama Séliman.

Indica, que Lama Séliman y su familia, “nos han injustamente quitado sumas de dinero que superan los 4 mil millones de pesos, y que por esa razón había sido apresado en Colombia donde se ocultaba y extraditado para ser procesado en el país.

Reynoso se queja ante el presidente Medina, que la libertad otorgada a Lama Selimán, es realmente desgarradora y ha suscitado más que indignación, repudio, no sólo en el sentir de la comunidad jurídica de Santiago, sino en todo el país.

Califica, que es inconcebible, que luego de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago mediante tres sentencias diferentes aplicara y ratificara la medida de coerción prudente que debió imponérsele a Lama Selimán, un juez interino disponga su libertad a través del establecimiento de una medida de coerción extremadamente flexible, en lo que ve una contradicción.

Expresa, que “ante esta realidad, nos vemos en la obligación de hacer de su conocimiento, señor Presidente de la República, todas estas actuaciones incalificables con la finalidad de que se realice una meticulosa investigación sobre las mismas y que no solo puedan ser corregidas, sino que en el futuro inmediato se eviten estos tipos de vejámenes”.

El empresario agraviado manifiesta a Danilo Medina, que si no se hubiesen configurado en este proceso estos elementos lamentables, quizás las cosas hoy no estarían en tela de juicio, pero que estos precedentes auguran un litigio en el cual pueden imperar las influencias políticas por encima de la justicia y las leyes, por favor impídalo.

Dice, que desde hace casi una década han sido víctimas, al igual que una cantidad de personas de todo el país, de una espantosa estafa que ha sido supuestamente diseñada y ejecutada por el extraditado Carlos Antonio Lama Séliman y otros integrantes de su familia, la que le ha generado a Bocel desde la perspectiva empresarial, un importante perjuicio económico.

Observa al Presidente Medina, que es necesario primero, tutelar cada uno de los principios que sustentan el debido proceso de ley y la objetividad e imparcialidad de los actores del sistema de justicia penal, ya que “corremos el riesgo eminente de que por las relaciones que supuestamente vinculan a este funcionario público con la oficina apoderada, no se vislumbre en los procesos penales un curso de objetividad que debe imperar en dicho funcionario del Estado”.