SANTO DOMINGO, RD.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció dar prioridad en la aprobación del presupuesto general del estado a las partidas porcentuales establecidas por las leyes 66-97 sobre educación, la cual especializa el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación básica, y las leyes 57-78 y 139-01 que prevén el 5% del presupuesto estatal para la educación superior, bajo la responsabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en su rol de entidad de educación superior pública y estatal. Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia consideró que se hace necesario examinar y ponderar el proyecto de presupuesto general del estado, con cabeza fría, despojándose de los intereses políticos y partidarios, dando paso al interés colectivo de la nación dominicanas que clama por el acceso y ejercicio del derecho fundamental de la educación, contemplado en el artículo 63 de la Constitución de la República.
Asimismo criticó la forma y premura con que fue aprobado en el senado en dos lecturas consecutivas, sin previo estudio y análisis del proyecto de presupuesto, sin consenso, ni participación de sectores representativos de la sociedad, lo que a todas luces se traduce en una actitud antidemocrática por parte de los miembros del Senado.
La FJT cree que es momento de una profunda reflexión, que lleve a la clase política dominicana a verse en el espejo Chileno, donde los estudiantes universitarios, bajo el liderazgo y dirección de una joven estudiante de nombre Camila Vallejo, han desplegado por más de 5 meses ininterrumpidos todo un conjunto de acciones y demandas, para que el gobierno chileno, en la persona de su presidente Sebastián Piñera facilite y garantice el acceso a educación gratuita y de calidad.
Este panorama nos llama a preocupación en el país, máxime cuando estamos a las puertas de la aprobación del proyecto de ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, donde se plantea la privatización de la educación pública, fundamentalmente en la parte universitaria, en detrimento de decenas de miles de dominicanos que la única oportunidad que tienen para cambiar su vida y la de su familia es la posibilidad que le da el Estado Dominicano a través de la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para hacerse profesional.
Finalmente, Potentini urgió a los diputados a cumplir con la ley, aprobando el 4% del PIB para la educación y el 5% para la UASD, como únicas garantías de desarrollo, progreso y combate a la pobreza.
