SANTO DOMINGO,RD.-El presidente la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, externó su preocupación por la forma en que se han vendido, arrendado y dando en concepción, los bienes estatales, incluso en la mayoría de los casos con el aval del congreso.

Justicia y Transparencia pidió al Congreso Nacional a destapar la caja de pandora en que se han convertido las ventas, concepciones y arrendamientos de los bienes públicos, revisando con profundidad las contrataciones de los últimos diez años, para corregir y detener la forma en que se ha venido descuartizando el Estado en perjuicio del patrimonio del pueblo dominicano.

Potentini, calificó de preocupante la aprobación, por parte del Senado de la República, del contrato de venta del terreno de más de 1600 metros que aloja las instalaciones de RAHINTELen la feria por la pírrica suma de apenas 471,000.00 pesos, el cual sólo constituye la punta del iceberg, o una pequeña muestra del destino de cientos de terrenos de bienes públicos cedidos a terceros bajo diversas modalidades en perjuicio del pueblo dominicano.

La entidad de carácter cívico y moral, basó su pedimento y preocupaciones en los innumerables casos, que van desde el arrendamiento por parte del ayuntamiento del Distrito Nacional de áreas del malecón y del mirador a restaurant y otros negocios, los arrendamientos realizados por  laCORPORACIÓN DE FOMENTO A LA INDUSTRIA HOTELERA (CORPHOTEL), de múltiples vacacionales, el HOTEL MONTAÑA, el TEATRO AGUA Y LUZ, los peajes, caso particularCODACSA y otros, el contrato de la BARRICK GOLD, la concepción de los AEROPUERTOS y recientes addendum a los mismos, la venta de los bienes de BANINTER, entre otros, con el común denominador de contratos lesivos y leoninos, con precios irrisorios y arrendamientos con una duración prácticamente infinita.

Asimismo la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), demandó del señor Elías Wessin Chávez, Director General de Bienes Nacionales, al Poder Legislativo, a las autoridades de CORPHOTEL yde los ayuntamientos, el observar mayor rigor y vigilancia en los procedimientos y valuaciones necesarias para la asignación y posterior venta o arrendamiento de los bienes estatales.