SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, reconoció la facultad que tiene el Ministerio Público, en virtud del artículo 363 del Código Procesal Penal, de concertar acuerdo y negociaciones con imputados a cambio de la rebaja de sus penas, obteniendo informaciones y testimonios vitales para hacer más efectiva la acusación y sobre todo con el objetivo de incorporar y apresar otros implicados en el delito a perseguir.
Potentini, calificó las negociaciones entre la Fiscalía del Distrito Nacional y las imputadas, Nin Batista y Sobeida Feliz Morel, como normales al tenor de las disposiciones del Código Procesal Penal, garantizando al ministerio público la posibilidad de llegar hasta los autores intelectuales y cabezas principales de la red Figueroa Agosto, hasta el momento sumidos en el anonimato, y al día de hoy bajo la responsabilidad del Ministerio Público, el trasparentar los acuerdos arribados y sacrificar las vacas sagradas involucradas en la comisión del delito de referencia.
Justicia y Transparencia, hizo notar que el caso Figueroa Agosto pone al desnudo algunas de las debilidades del código procesal penal y de la justicia dominicana, que no han dado repuesta eficiente al sonado proceso de narcotráfico y lavado de activos, imponiéndose una necesaria reflexión que nos lleva como sociedad a considerar la inminente revisión y modificación de nuestra normativa procesal penal.
La FJT, entiende que un tema a contemplar ante la eventualidad de modificar el código, lo sería el establecimiento de un sistema de protección de victimas, testigos y colaboradores, como existe en otras naciones, garantizando la integridad física y seguridad de quienes participan de acuerdos con el Ministerio Público.
