JUICIO A FELIX BAUTISTASANTO DOMINGO, RD.-   Durante las conclusiones de presentación de la oferta probatoria del Ministerio Público contra la alegada red de asociaciones que encabeza el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, los fiscales que representan a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), pidieron medida de coerción contra todos los encartados del proceso.

En ese sentido, el MP manifestó que basados en la aplicación de las disposiciones de los artículos 226 numeral 7, (parte in fine), y 301 numeral 6 del Código Procesal Penal, solicitaban la imposición de medidas coercitivas consistente en prisión preventiva, ya que a su juicio, es la única que garantiza que los imputados no se sustraigan del proceso que se le sigue.

Igualmente durante las conclusiones, el Ministerio Público solicitó apertura a juicio, tras asegurar que han demostrado tener las pruebas fehacientes suficientes de las imputaciones que realizan, con las cuales podrán demostrar la culpabilidad de cada uno de los procesados, durante el desarrollo de un juicio de fondo.

Junto al exdirector de la OISOE, Félix Bautista, las autoridades del PEPCA  acusan a la exesposa del mismo, Soraida Antonia Abreu Martínez, así como a José Elías Hernández García, Bolivar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, quienes son sindicados por el MP, como socios y relacionados íntimos del señor Bautista, con quienes estructuró una red de lavado de activos en detrimento del Estado dominicano, con la cual lograron adquirir más de 500 activos entre los que encuentran, más de 175 inmuebles diseminados en diferentes puntos del país, así como la acumulación de sumas millonarias de dinero en moneda local y estadounidense.

 

Abogado de Félix Bautista dice este no cometió desfalco

El consejo de defensa del senador Félix Bautista explicó al juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, que aunque el Ministerio Público habla de desfalco y como consecuencia de este, lavado de activos, lo cierto es que a lo largo de la acusación no establecen el monto del desfalco de los recursos públicos, por no tener una auditoria de la Cámara de Cuentas que así lo establezca.

El abogado Marino Feliz Rodríguez dijo que por el contrario, la auditoría de la Cámara de Cuentas concluida en el año 2013, y enviada a la Procuraduría General de la República, establece en su informe que no hay indicios de responsabilidad penal atribuible al senador y como consecuencia no hay desfalco.

El jurista alegó que el informe de la Cámara de Cuentas, se encuentra en propiedad del Procurador General de la Republica, Francisco Domínguez Brito desde el 7 de febrero del año 2013.

Manifestó que la Ley No. 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su artículo 45 prescribe sobre el principio de legalidad, que “Se presume la legalidad de las operaciones y actividades de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetas a esta ley, a menos que del contenido de las auditorías, estudios e investigaciones especiales practicados por la Cámara de Cuentas resulte lo contrario”.