SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público del Distrito Nacional presentó este jueves otras 45 pruebas documentales y materiales contra los ocho imputados de pertenecer a la red del boricua José David Figueroa Agosto, acusados de lavado de activos proveniente del narcotráfico, de las cuales 22 fueron contra Sobeida Félix Morel. También, las otras 22 fueron contra Eddy Brito y una sola contra Mery Elvira Peláez Frappier quienes están involucrados entre los ocho de pertenecer a la red de Figueroa Agosto.
Entre las pruebas materiales presentadas ante las jueces del Primer Tribunal Colegiado están actas de registro de los cuatro vehículos, una jeepeta Land Crucer negra, y tres jeeps de las marca mercedes Benz negro, Range Rover blanco, Mazda, certificados de depósito 4,624, 650 dólares y 228,350 dólares en un certificado financiero.
De su lado, Félix Portes, abogado de Félix Morel no se opuso a la incorporación de las pruebas materiales ante el tribunal compuesto por las juezas Gisselle Méndez, July Tamariz y Tania Yunes.
También presentaron tres bultos donde fueron ocupados los 4.6 millones de dólares, aparato de visión nocturna verde, un pistola marca veleta, amplificación de sonido radio shark gris, grabadora gris radio shark, 28 relojes de lujo de diferentes marcas, cuatro radios de comunicación de larga distancia, un audífono HD20 y dos binoculares.
El tribunal compuesto por las juezas Gisselle Méndez, July Tamariz y Tania Yunez, aceptó una solicitud del abogado de la defensa, quien pidió que le permitiera chequear los relojes uno por uno.
En tanto, el Ministerio Público sólo pudo incorporar una sola prueba documental contra Peláez Frappier, la cual es el acta de allanamiento de supuestamente haber comprado a favor de Figueroa Agosto la residencia ubicada en la calle Transversal No. 16, del sector Arroyo Hondo II, por la suma de US$850,000, la que luego le fue transferida por un monto de RD$10.5 millones, que es la misma que le fue incorporada a Brito por lectura.
Luis Aybar, abogado de la defensa de Brito, solicitó al tribunal que las pruebas documentales sean leídas por el secretario y así por lectura íntegra de los elementos de pruebas para que la defensa del imputado pueda hacer su reparo contra estas pruebas al instante de su conocimiento.
Entre las pruebas se encuentran actas de allanamientos del 2009 de la vivienda de Arroyo Hondo, factura para el pago al abogado Mario Guerrero Heredia, contrato de venta de inmuebles, recibos de pago, cheques, tasaciones de inmueble, certificados de título, declaración de impuestos y la certificación de la Superintendencia de Bancos, entre otras.
Los fiscales Wendy Lora, José Agustín de la Cruz, Milcíades Guzmán e Ybo René Sánchez, plantearon que el objetivo de la transacción era ocultar el origen ilícito del dinero y al mismo tiempo la identidad del boricua.
La compañía de carpeta a través de la que se adquirió la vivienda de Arroyo Hondo fue la Mathey Investment. Además, que supuestamente adquirió tres vehículos a favor de Figueroa Agosto, también conocido como Junior Cápsulas.
En ese sentido, una de la factura que sirve como prueba documental establece que los documentos de los servicios de alarma de la residencia de Arroyo Hondo, la cual estaba registrada desde el 2008 hasta junio del 2009, figuran a nombre de Cristian Almonte Peguero.
El Ministerio Público con estas pruebas pretende probar que las citadas propiedades fueron secuestradas y que el mismo se hizo conforme a lo que establece la ley.
Los representantes de la Fiscalía aseguraron que el acusado Brito no registra movimientos de dinero que le garanticen las transacciones millonarias que fueron realizadas.
Durante la audiencia, las juezas permitieron que se alteraran la presentación del orden de las pruebas para concluir con Félix Morel y Brito.
EXTRAÑA PRESENCIA
En el transcurso de la audiencia, se notó que dentro de la sala donde se conoce el juicio de fondo a los ocho implicados en el caso Figueroa Agosto, se encontraban dos abogados puertorriqueños que al principio se creía que eran agentes federales, presencia que dio motivo a comentarios entre periodistas, y otro personas que acostumbran a estar en el proceso judicial.
Los visitantes, quienes tienen dos semana en el país, trataron de pasar inadvertidos entre la concurrencia del tribunal, pero los rostros llamaron la atención de los asistentes y reporteros, debido a que eran desconocidos para lo que siempre están.
Los mismos se identificaron en la puerta de la sala modelo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, como Víctor Ramos y Cristian Rivera, quienes observaban de manera silenciosa el desarrollo de la audiencia contra los ocho imputados.
En el tribunal se mantuvieron callados todo el tiempo, vigilantes y cautelosos a todo lo que ocurría en la sala y se la pasaron escribiendo a través del BlackBerry.
En la lista que portan los policías de protección judicial y quienes llevan el control de quienes entran a la sala, estaban escritos sus nombres.
Cuando se le preguntó a Ramos dijo que vino al país para ver cómo se desarrolla el proceso de los ocho imputados ya que tiene un cliente en Puerto Rico que lo quieren involucrar en la red de Figueroa Agosto.
Sin embargo, aclaró que no se trata de Angelo Millones, ni de Martel, y que su cliente no se encuentra preso. Llevan cuatro días en el país.
Explicó que es la práctica privada de la abogacía y que su oficina legal se llama Ramos Rodríguez.
“Hay algún tipo de alegación que intentan vincularlo con alguno de estos procedimiento” dijo Ramos.
Mostró su carnet de colegiación y el número que lo acredita como abogado del Estado en Puerto Rico.
