SANTO DOMINGO,RD.-,- La Fundación Institucionalidad y Justicia mostró su preocupación ante la posibilidad de que el narcotráfico y el crimen organizado puedas penetrar, con recursos económicos, la actual campaña electoral. El director Ejecutivo de la entidad Servio Tulio Castaño Guzmán recordó que en los pasados comicios Congresuales y Municipales a varios aspirantes se le impidió participar en el evento por sus nexos con ese criminal negocio. En tal sentido llamó a la Junta Central Electoral a monitorear de cerca no solo los recursos que llegan a los partidos a través del Estado Dominicano sino todos los recursos que reciben y el origen de los mismos.  Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se transmite por Telesistema Canal 11, Castaño Guzmán recordó que las estructuras del crimen organizado se mantienen intactas, moviéndose de una región a otra, y ven la actividad política muy atractiva.  El ejecutivo de la sociedad civil insistió en que, aún si la existencia de la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal de Comicios puede monitorear los aportes económicos que reciben esas entidades.  “Pero la verdad es que a nosotros nos preocupa que el narcotráfico y el crimen organizado puedan penetrar a los partidos en la actual contienda electoral”, insistió el director ejecutivo de Finjus.  Cataño Guzmán no descartó que  el narco también extienda sus tentáculos a las organizaciones de la sociedad civil como ha ocurrido en otras naciones.  Sobre el conflicto que se ha producido en la Junta Central Electoral, el reconocido jurista dijo que la Finjus valora positivamente la mediación que está haciendo la Iglesia Católica con los partidos políticos a fin de que ese impase sea resuelto cuanto antes.  Servio Tulio Castaño Guzmán hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a que sean parte de la solución y no del conflicto que afecta al tribunal de comicios.  Vaticinó que por lo reñido que está la actual contienda, la presente campaña electoral será una de las más duras de las que se han realizado en el país en los últimos años.  En otro orden el director Ejecutivo de la Finjus vaticinó que con la modificación del Código del Menor, los hijos de los pobres podrán ser condenados a 15 años y los de los ricos a un año de prisión cuando cometan acciones delictivas.  Dijo que contrario a lo que se piensa de la población carcelaria,  apena el dos por ciento son menores de 18 años.

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