SANTO DOMINGO, RD.- La recomendación hecha por la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Ligia Amada Melo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para que dé de baja a los estudiantes con 8 años o más en la UASD, encontró el rechazo inmediato entre estudiantes de la universidad del Estado, quienes consideran una situación involuntaria, que muchos alumnos permanezcan un largo tiempo en la universidad.

Al ser cuestionado sobre el planteamiento hecho por la ministra del MESCyT, Diógenes Gutiérrez (Yuyo), vocero del Felabel (sede central), dijo que no está estatuido en ningún reglamento la baja por años en la universidad, tras alegar que en la mayoría de los casos, causas ajenas a la voluntad del estudiante hacen retrasar su avance, por lo que sería injusto darle de baja estudiantil.

“No procede dar de baja por la cantidad de años estudiando una carrera.  La UASD tiene serias limitaciones de recursos para garantizar profesores y sesiones en cantidades suficientes.  La realidad es, que en los centros regionales, como el CURCE–Bonao, CURNA–Nagua y el CURNE de San Francisco de Macorís, por ejemplo, los estudiantes tienen que trasladarse de un recintos a otro o a la sede central, porque faltan profesores para programar materias, además de que muchos maestros cambian antojadizamente y sin control los horarios programados”, manifestó el vocero del Felabel.

Según Diógenes Gutiérrez, Ligia Amada Melo es “enemiga acérrima” de la UASD, razón por la que “nunca dice ni hace nada que favorezca” la casa de altos estudios.

Recordó que la ministra Amada Melo afirmó, en febrero del presente año, que “la UASD colapsó”; ha objetado permanente que el Estado entregue recursos adicionales a la institución; y, recientemente, desde la Mescyt se sometió al Congreso de la República un proyecto de ley, que de aprobarse, según Gutiérrez, reduciría la limitada partida presupuestal que el Estado entrega a la universidad, para favorecer a entidades privadas, sin que hasta el momento la iniciativa haya sido retirada.

Yuyo Gutiérrez culpó al gobierno del PLD, que encabeza Leonel Fernández, y a la rectoría de la UASD que encabezara Franklyn García Fermín, de llevar a la academia de estudios a una situación más difícil, tanto en lo académico como en lo financiero.

Señaló que el ex-Rector García Fermín, de quien dijo tenía un proyecto para buscar la nominación presidencial por el PRD, manejó la UASD con una actitud populista para su fin político personal, al abrir una serie de centros regionales de la UASD, sin que la institución tuviese condiciones para ello, y que llegó a expresar que favorecía que se establecía un centro regional en cada municipio.

Por otra parte, según Gutiérrez, destacó que la ministra Amada Melo obvia que desde el 2005 hasta el 2011, la gestión de gobierno de Leonel construyó e inauguró ocho centros regionales, tiempo en el que según el dirigente estudiantil crecieron las necesidades y los gastos de la UASD en una proporción mayor que la asignación presupuestal del Estado durante el mismo período.

Indicó que en el año 2005, cuando Leonel inaugura el CURSA de Santiago, la asignación presupuestal de la UASD era de RD$ 1,778 millones de pesos, contando entonces con ocho centros regionales y una población de 143,013 mil estudiantes, mientras que en el 2011, cuando son entregadas las edificaciones del CURNO en Mao, octavo centro construido por el presente gobierno, el presupuesto correspondía a tan solo RD$ 4,131 millones de pesos para 18 extensiones, más la sede central, para un total que para el próximo semestre  podría sobrepasar los 200 mil estudiantes.

Para el vocero del Felabel, la actitud del gobierno no es casual y sostiene que se trata de un plan privatizador que obedece al interés del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales de convertir la educación superior pública un negocio.

Finalmente, Yuyo Gutiérrez dijo que la solución a los problemas financieros de la UASD “no está en los bolsillos de los estudiantes”, sino en hacer que el Estado cumpla su obligación con la universidad pública del Estado, por lo que exigió a las actuales autoridades universitarias dejar sin efecto los aumentos y que levanten las injustas sanciones, a fin de propiciar la unidad de toda la familia universitaria en la lucha por el 5%.