SANTO DOMINGO, RD.- El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez advirtió sobre el riesgo que representa en América Latina el uso desproporcionado de los sistemas judiciales para asediar la libertad de expresión y acallar a periodistas, líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Al hablar en un panel del Festival Centroamérica Cuenta encabezado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Rodríguez alertó que las demandas judiciales desproporcionadas e infundadas se están convirtiendo en un mecanismo de asedio a la libertad de expresión en América Latina.
El catedrático y director ejecutivo de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Libertad de Expresión en República Dominicana (CCLEX) citó como ejemplo el caso de los del diario La Prensa, de Nicaragua, cuyas instalaciones fueron confiscadas por el régimen de Daniel Ortega “bajo un infame proceso judicial que contraviene la Constitución de ese país y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Asimismo, señaló la persecución contra los periodistas José Rubén Zamora y Juan Luis Font, quienes han sido objeto de represalias como parte de un proceso de retaliación contra quienes han denunciado la corrupción y la impunidad del poder en ese país centroamericano.
“Hay en marcha en ese país una vendetta judicial contra periodistas, utilizando el Poder Judicial para montar procesos penales falsos para acosar y perseguir a defensores de derechos humanos que jugaron un rol importante en el proceso de encausamiento de los responsables de la represión y la corrupción en el pasado”, dijo.
Rodríguez habló en el panel conjuntamente con el periodista Carlos Fernando Chamorros, director del diario El Confidencial, quien se encuentra exiliado en Costa Rica por una tenaz persecución del régimen autoritario de Daniel Ortega contra su familia y el periódico que dirige.
Adujo que los sistemas judiciales deben tener conciencia de este proceso, que no sólo se expresa en represiones penales, sino también en sanciones civiles desproporcionadas contra los periodistas y propietarios de medios de comunicación.
Reseñó el caso del diario el Universal, de Ecuador, que fue condenado durante el gobierno del presidente Rafael Correa al pago de una indemnización económica de cuarenta millones de pesos y tres años de prisión contra sus directivos.
Igualmente, deploró los sucesos que han llevado al diario salvadoreño El Faro a radicar su domicilio social en Costa Rica para evitar ser alcanzado por la mano autoritaria del presidente Nayib Bukele.
