CARACAS, Venezuela.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó este jueves la salida de Venezuela de los familiares de su personal en la embajada de Caracas, tres días antes de que se lleven a cabo las elecciones para elegir a los integrantes de la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
El gobierno estadounidense también informó que autorizó la salida voluntaria de su personal en la capital de la nación latinoamericana, sacudida por una grave crisis política y social desde inicios de abril.
En una advertencia de viaje, el Departamento de Estado justificó esta decisión por los “disturbios sociales”, los “crímenes violentos” y la falta “generalizada de alimentos y medicinas” en ese país.
“La situación política y de seguridad en Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente”, justifica el comunicado.
 El Departamento de Estado de EE.UU. ordenó a los familiares de su personal que abandonen la embajada estadounidense en Caracas.
Y agrega que “el crimen violento indiscriminado es endémico en todo el país y puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento”.
Esta noticia se conoce un día después de que la Casa Blanca anunciara una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios de Venezuela, en esta ocasión 13 relacionados con la elección a la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas de los últimos meses y el manejo de áreas clave de la economía.
El gobierno de Estados Unidos impone una nueva ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios de Venezuela
El anuncio del Departamento de Estado se produce en medio de los dos días de huelga general convocados por la oposición, en los que han muerto al menos seis personas, y a tres de la realización el próximo domingo de la elección los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que deben redactar una nueva Carta Magna.
Prohibición
“Le digo al emperador Donald Trump: en Venezuela manda el pueblo de Venezuela”, dijo Maduro en el cierre del acto de campaña en Caracas.
Este jueves el gobierno de Venezuela decretó la prohibición de manifestaciones y protestas de cara a las elecciones del domingo.
El ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, dijo en un mensaje emitido por televisión que que quienes organicen, instiguen y participen en marchas o eventos similares para protestar contra la votación recibirán penas que pueden ir de 5 a 10 años de prisión.
El gobierno de Venezuela prohíbe las manifestaciones de cara a las elecciones para la Constituyente y la oposición amplía la “toma de Caracas” a todo el país
Tras conocerse esta noticia, la oposición, que preparaba para este viernes una protesta en Caracas contra la Constituyente, decidió ahora extenderla a todo el país.
“La dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. ¿Entonces? Mañana ya no es la toma de Caracas, ¡sino de toda Venezuela!”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado opositor Freddy Guevara.
En la tarde de este jueves el parlamentario opositor Jorge Millán precisó que la llamada “Toma de Venezuela” se iniciará a las 12:30 PM del viernes y se prolongará durante tres días.
Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial, confirmó el llamado a protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente en toda Venezuela.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro cerró en Caracas el acto de fin de campaña del chavismo de cara a la Constituyente.
“¿Qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿Quién manda en Venezuela? Le digo al emperador Donald Trump: en Venezuela manda el pueblo de Venezuela”, aseguró el mandatario en el evento, en el que también hizo un llamado a la oposición a “abandonar el camino de la insurrección” y a sentarse a dialogar en una “mesa de paz”.
Maduro cierra campaña para la elección de la Constituyente mientras la oposición llama a “tomar Venezuela” este viernes
La Constituyente
La actual oleada de protestas en Venezuela -en la que han muerto más de 100 personas -se inició el pasado abril cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos polémicas sentencias en las que asumía temporalmente todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN), que está en manos de la oposición y a la que el gobierno considera en desacato.
Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional.
Desde que comenzaron las protestas en abril, más de 100 personas perdieron la vida.
La oposición ha llamado a los venezolanos a desconocer la autoridad del presidente, al que considera un dictador.
El gobierno, por su parte, atribuye la grave crisis que vive el país -donde escasean bienes básicos y se registra una inflación de tres cifras- a una “guerra económica” fomentada por la oposición y Estados Unidos.
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Además, cataloga a los miembros de la oposición de “terroristas” que tratan de dar un golpe de Estado y fomentar una intervención internacional.
En este contexto, a principios de mayo el presidente Maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna que sustituya la de 1999, lo que ha sido calificado por la oposición de “golpe de Estado”.

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