SANTO DOMINGO. Cuando las cooperativas de ahorro y préstamos entren al régimen de regulación y supervisión, las operaciones de más del 70 % de estas organizaciones distribuidas a lo largo del país quedarán bajo la lupa de las autoridades.

De acuerdo con el reporte del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) del año 2017, de las 916 empresas cooperativas que existían entonces en la República Dominicana, unas 653 se dedican a la intermediación financiera y, por lo tanto, quedarán sujetas al escrutinio oficial. Entre todas abarcan a 95 % de los socios que tienen todas las cooperativas que operan en el país, que son unos 1.81 millones de socios.

A inicios de este mes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó en una nota de prensa que, conjuntamente con las federaciones que agrupan a las cooperativas de ahorro y préstamos, se han evaluado alternativas para normar el funcionamiento de esas empresas, de manera que se puedan hacer sugerencias al Ministerio de la Presidencia para que se las incluya en un anteproyecto de ley que busca reformar al sistema cooperativo. De acuerdo con ese comunicado, existe consenso entre las partes.

No obstante, el presidente del Idecoop, Julio Maríñez, no está de acuerdo con las regulaciones y cree que el gobernador del Banco Central está mal asesorado. “Las cooperativas no tienen propietarios individuales o de grupo. Todos sus socios son sus dueños y basta con que una persona se inscriba voluntariamente pagando 500 pesos como promedio y respete las normas establecidas, para tener derecho a un crédito rápido y oportuno”, dijo la semana pasada, al añadir que las cooperativas no deben ceñirse a las mismas normas que la banca.

Aunque el expresidente de Idecoop, Pedro Corporán, coincide en este punto porque cree que deben existir regulaciones que respeten la esencia de las cooperativas, sí llamó a que se defina un marco normativo porque las leyes que rigen al sector datan de hace más de 50 años y, desde entonces, el mundo cooperativo ha cambiado profundamente. Por ejemplo, la proporción de organizaciones de este tipo que se dedica a prestar dinero es mucho más grande que entonces.

Corporán dijo que el sistema cooperativo maneja activos por RD$170,000 millones y más de RD$200,000 millones en patrimonio y que el Idecoop no cubre ni el 5 % de las necesidades de fiscalización de las cooperativas exigidas por la ley. “Idecoop es y sigue siendo una institución inoperante e incapaz por las carencias de todos los recursos que un organismo de este tipo debe tener para fiscalizar con eficiencia”, agregó.

Y esa, aseguró Corporán, es la razón principal por la que en el sistema cooperativo también “se escuda mucha corrupción y mucha delincuencia, quiebran muchas cooperativas y se pierden los capitales sin que haya manera de hacerles justicia a los socios”, agregó.

Pero además de las cooperativas que simulan una quiebra también están las que no logran vencer a la competencia, y ello ocurre, sobre todo, en el sector de ahorro y préstamos. “Hay una competencia voraz. Sobrevivir en ese sector es un poco más difícil y a veces no encuentran cómo conseguir un nicho en ese mercado. Muchas se crean y luego no pueden mantenerse en el tiempo y desaparecen”, aseguró.

En general, de las cerca de 1,300 cooperativas que aparecían en los balances del Idecoop el año pasado, unas 207 estaban inactivas, mientras que otras 124 habían sido desincorporadas del sistema.

La propuesta que el BCRD presentó a los gremios cooperativos es que aquellas que realizan intermediación financiera sean reguladas y supervisadas por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, en tanto que las cooperativas de trabajo, servicios múltiples, viviendas, agropecuarias y las gremiales, tales como la cooperativa de los maestros, los médicos, sigan bajo el amparo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), organismo que sería transformado en una Superintendencia de Cooperativas, a la cual se le dotará de los instrumentos legales que le permitan ejercer una regulación y supervisión eficaz, gobierno corporativo, capacidad para dictar sus propios reglamentos, así como formación técnica de su personal y de tecnología informática, entre otros aspectos. El hecho de que las cooperativas de ahorro y préstamos entren dentro de la regulación del sector financiero significará que quedarán autorizadas para emitir tarjetas de débito y crédito, realizar operaciones cambiarias y acceso a los sistemas de pagos.