SANTO DOMINGO, RD.- Dirigentes políticos y funcionarios coincidieron ayer en respaldar la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, tras señalar que el Estado dominicano debe ejercer su soberanía para definir las regulaciones sobre su nacionalidad, ante la visita y posición de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que finalmente calificó de racista el dispositivo.
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, advirtió que ante todo se debe respetar la soberanía nacional y los derechos humanos.
Vargas llamó al gobierno dominicano a “no permitir presiones que puedan afectar nuestro derecho de soberanía”.
El dirigente opositor aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional fue tomada con apego a la Constitución dominicana, y tomando como referencia la Ley de Migración del 15 de agosto de 2004 y en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre ese tema del 2005.
El presidente interino del Partido Reformista Socia Cristiano (PRSC), José Hazim Frappier, exhortó al gobierno a buscar soluciones administrativas a la sentencia pero a no escuchar a los sectores que piden no acatar la disposición de una alta corte. “Si se pide que no apliquemos la sentencia también nos piden que no apliquemos la Constitución, ni una ley que emana de la Suprema Corte de Justicia, no podemos estar contra las leyes y la institucionalidad del país”, puntualizó.
Advirtió que no se debe desacatar una sentencia de un tribunal, porque desataría un precedente negativo contra el Estado.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, quien calificó de prejuiciada contra el país a la comisión internacional, sólo se limitó a responder “nada nuevo” ante el informe de la CIDH.
El diputado del PRSC, Víctor Bisonó, afirmó que “no podemos coincidir con la motivación que investigan aquí, pues la sentencia del TC es un asunto de nacionalidad que está dentro de nuestras atribuciones y obligación cómo nación libre e independiente”.
Expuso que algunos sectores han mal interpretado esta coyuntura para crear debates, e inconscientemente hacer daño a la imagen del país. Es bueno que se sepa que República Dominicana no es signataria de la CIDH, ya que no se ha presentado al Congreso.
