SANTO DOMINGO, RD.- El Consejo Estatal del Azucar (CEA) anunció este lunes que someterá a la justicia al industrial español Joaquín Martín, a quien responsabilizó de la muerte de un policía en unos incidentes ocurridos ayer, en los que también murió otro hombre y hubo dos heridos.

Los hechos, por los que la Policía ha detenido a seis personas y busca a otras cuatro, ocurrieron en  El Seibo, cuando el sargento de la Policía Orlando de los Santos disparó contra un trabajador agrícola de la empresa Azucarera Porvenir, que preside Martín, y lo mató.

Tras producirse los disparos, que hirieron a otros dos trabajadores, varios operarios agredieron al sargento, quien murió por múltiples heridas de arma blanca, dijo  el gerente del área agrícola de la compañía española, Manuel Domínguez Sanz.

El director del CEA, Francisco Matos, sin embargo, aseguró  que el sargento fue atacado por un grupo de gente que pretendía entrar por la fuerza en unos terrenos y que el responsable es Joaquín Martín, que “contrató a un grupo de bandoleros” que se presentaron borrachos en los citados terrenos vigilados por el sargento.

Azucarera Porvenir y el CEA firmaron el 22 de septiembre de 2010 un contrato de arrendamiento por 30 años que, según la compañía española, incluía la entrega a la empresa de 6.000 hectáreas en Santa Fe y Porvenir por un precio anual de un millón de dólares.

La empresa denuncia que, sin embargo, el CEA ha entregado el 50 por ciento de las tierras de Porvenir a la Constructora Castelar, constituida por el Grupo Vicini-Campollo, integrado a su vez por dos de los principales productores azucareros del país.

La compañía dominicana reclama el terreno porque tiene otro contrato de arrendamiento de fecha 21 de octubre de 2010 con el CEA y estima que la española los ocupa ilegalmente.

La empresa española afirma que, desde principios de mayo, grupos de militares armados asignados al CEA, personal de seguridad y trabajadores de la Constructora Castelar se presentan con asiduidad en sus campos para impedir el trabajo de su personal.

El CEA, sin embargo, sostiene que Porvenir pretende acceder a terrenos de Santa Fe que no figuran en su contrato de arrendamiento, por lo que el organismo impedirá a la empresa española trabajar en esa zona.

Matos argumentó que la compañía española no está conforme con la calidad de una parte de las tierras que arrendó “y quieren coger otras”, pero el CEA enviará militares “cada vez que (los trabajadores de Porvenir) se metan” en tierras que no tienen arrendadas.

“Tenemos que proteger a la inversión extranjera clara, pero no lo que a ellos les dé la gana”, subrayó Matos, quien insistió en que “lo que pasa es que no quieren invertir y poner en condiciones” las tierras menos productivas, aunque el contrato les da dos años de gracia para hacerlo.