El experto en seguridad vial Dary Terrero consideró ilegal las multas que aplica la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre -DIGESETT- a conductores de vehículos no autorizados que utilizan túneles y elevados.
Sostuvo que las penalidades que impone el órgano se colocan al margen de lo que dispone la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
“Lo primero es que ninguno de los artículos de la ley 63-17 establece prohibiciones por túneles o elevados a ningún tipo de vehículo de motor. Entonces, siendo así, todas las multas impuesta por la DIGESETT en ese orden son ilegales”, puntualizó Terrero en una nota enviada a este medio.
Terrero señaló que en relación al tema el artículo 253 de la citada legislación refiere: “Ningún conductor deberá dar marcha atrás en una vía pública a no ser que tal movimiento pueda hacerse con razonable seguridad por un tiempo relativamente corto y siempre que se haga sin interrumpir el tránsito. Asimismo, quedan prohibidas las salidas de vehículos en retroceso desde una vía publica de menor tránsito a otra de mayor tránsito, en puentes, autopistas, avenidas, elevados, viaductos, pasos a desnivel y túnele.”
“Al día de hoy no existe un reglamento que norme la circulación de vehículos por túneles y elevados. Lo que existía era una medida de carácter administrativo que dispuso en su momento la desaparecida Autoridad Metropolitana de Transporte -AMET-”, agregó el experto en el tema vial.
En ese sentido planteó la urgencia de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre -INTRANT- emita una resolución en la que se establezca el tipo de vehículo de motor que podrá circular por esas vías expresas.
Entiende que esa u otra medida debe estar sujeta a los parámetros constitucionales para evitar violación del derecho de libre tránsito de los ciudadanos.
“El INTRANT es la responsable de que la DIGESETT esté aplicando multas ilegales a conductores de camiones, guaguas y motocicletas que utilizan los túneles y elevados”, sostuvo.
Terrero criticó el rezago que, según él, observa el INTRANT en la elaboración y aplicación de reglamentos faltantes.
