Además, pidió que se declaren inadmisibles las delaciones premiadas realizadas por los ejecutivos de Odebrecht.
El abogado de Bautista, Carlos Salcedo, presentó facturas y recibos de compra, así como justificantes de depósitos de sus empresas para demostrar la legitimidad del patrimonio del exsenador, que el Ministerio Público atribuye a actos ilícitos.
La Procuraduría sostiene que la investigación demuestra que “además de recibir sobornos pagados por la constructora brasileña y, de paso, blanquear dinero ilícito, el imputado se enriqueció ilícitamente mientras ejerció sus funciones como senador desde 1998 hasta 2006”.
El tribunal concedió tres horas más sobre lo estipulado para la presentación de pruebas de la defensa y, una vez finalizada la sesión, Bautista afirmó ante los periodistas que la estrategia de la acusación es “usarnos a nosotros para tapar a los que realmente se han beneficiado de la corrupción, de los sobornos y de la sobreevaluación”.
“Para hacer este tollo (disparate), lo han hecho trasladando primero el asunto al Congreso Nacional. Si ustedes se dan cuenta, hay cuatro legisladores (solo uno está activo), un abogado, un empresario y un funcionario del gobierno anterior”, dijo.
Asimismo, manifestó que “ellos han tratado de que se hable de sobornos. Y cómo puede hablarse de sobornos sin hablar de sobreevaluación. Cómo puede hablarse de sobornos sin hablar de autoría de las obras”, se preguntó.
En cuanto al argumento del Ministerio Público de que el exsenador solo puede justificar 13 millones de pesos (250.000 dólares) del monto que, supuestamente, obtuvo de manera ilícita, Bautista afirmó que “el Ministerio Público da pena porque los datos están ahí (…). Es penoso que el Estado se maneje de esa manera.”
Una vez presentados los argumentos del abogado defensor, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, hizo un receso para continuar con la audiencia el jueves.
Además de Bautista, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición por el caso están imputados sus compañeros de partido y exsenadores Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez.
Asimismo, el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD); el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, miembro del PLD, su supuesto testaferro, Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal contra seis, dejando a
