El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).
En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.
Un palo al Código Procesal
Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad..
El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.
Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.
El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.
Rompe el consenso grupal
No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.
Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el Presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.
Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.
Ni siquiera los precandidatos
El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016, se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.
Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y le ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.
La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.
La aprobación irregular
Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.
Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le libero de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.
No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.
La JCE de Roberto Rosario
Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presdiente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.
La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vió precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.
La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona li mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.
El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”
El párrafo 1 de su artículo 2 se precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.
Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.
No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, que operan a su mejor conveniencia.-
