El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero aportó pocas novedades, no fue un informe sobre su gestión del 2016, sino de todo su periodo, ni sólo de sus proyectos para este 2017, sino para todo el cuatrienio, repitiendo en gran proporción los logros y proyectos que enunció al re-juramentarse el 16 de agosto, hace sólo seis meses.
Centró sus argumentos en justificar la utilidad de las plantas de Punta Catalina, que no es lo que está en discusión, y trató de convencer sobre la independencia de una Procuraduría General sin rigor investigativo y que recibió esta semana un grave revés con el rechazo judicial a un acuerdo con la Odebrecht ampliamente cuestionado.
Discurso para marear
Dos horas y diez minutos es mucho tiempo de discurso por casi todos los medios de comunicación nacionales, para marear, lo consideraron las redes sociales, repetitivo y detallista, que rebasó la rendición de cuentas del año pasado y volvió sobre sus primeros cuatro años de gobierno y se proyectó no sólo al año ya en curso, sino para todo el nuevo período, demasiado parecido al de su juramentación del 16 de agosto último.
La perorata tuvo pocas novedades aún en los mayores logros de su gestión que, además de la mayor inversión en educación, ha sido el mantenimiento del crecimiento económico, con tasa de 6.6% el año pasado, baja inflación y estabilidad cambiaria, ya que hacía apenas tres semanas que los había informado el Banco Central y el gobierno los publicitó en exceso hasta horas antes del discurso presidencial.
Tiene poco sustento que salieran de la pobreza un millón 72 mil personas en 4 años, con 480 mil nuevos empleos, la mitad en actividades tan precarias como el motoconcho, o con otras 200 mil con tarjeta Solidaridad de 800 pesos por mes. Parece optimista que el año pasado Infotep “preparó 667 mil nuevos técnicos profesionales, con índice de empleabilidad de 83%”, con sólo 148 mil nuevos empleos, el 28%, un déficit de 519 mil.
El 2016 fue el “Año de la vivienda”, pero el mandatario sólo informó de 256 apartamentos entregados por el INVI, y otros 864 mil casi listos, más los 1,600 de su excelente proyecto “La Nueva Barquita”, quedando bien lejos de la meta de 25 mil viviendas anuales. Pero repitió los proyectos de la Ciudad Juan Bosch en la capital y Santiago, basados en inversión privada, y el rescate de La Ciénega y Los Guandules anunciado desde finales de la década de los 80.
Abundancia de promesas
El presidente respondió las demandas de mejoramiento de los salarios de los policías, y en julio de los ya más de 60 mil militares, aunque su entusiasmo lo cifró hasta en 131% y “una parte importante” más del 100%, pero lo recibido gira entre 20 y 50 por ciento, que es muy bueno con limitaciones financieras. Ponderó los aumentos ejecutados ya en los sectores básicos de educación y salud, aunque en éste último menos generoso.
Donde fue más optimista fue en la “revolución del transporte urbano” que anunció, aunque días antes la OPREP se quejaba en público de que no recibe el financiamiento para concluir la segunda línea del metro con 6 años en construcción y dijo que del mismo dependen los vagones y otros equipos que tomarían hasta año y medio. Repitió el sistema ideal de un solo boleto por recorrido, pasando de autobús, a metro o teleférico y autobús, que implica una alta inversión adicional y fuerte subsidio y desplazaría no sólo a los 19 mil carros-concho que promete reubicar, sino también a decenas de miles de moto-conchos.
Las promesas de Danilo abundan en nuevas obras públicas, por ejemplo en siete grandes proyectos para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas de la región sur, “que elevarían a sus moradores a la clase media”, aunque allí la presa de Monte Grande lleva 6 años paralizada por falta de financiamiento, tras una pequeña inversión. Y que este año concluirá la remodelación de 57 hospitales iniciada absurdamente al mismo tiempo hace 4-5 años, aunque sólo informó la terminación de cuatro en el 2016.
¿Dónde están los cuartos?
El tiempo no le alcanzó a Danilo Medina para explicar cómo financiará todos esos planes que abarcaron la mitad de su discurso. Mucho menos para abordar los desafíos de sostenibilidad fiscal que le plantean sistemáticamente los economistas independientes y sectores sociales que incluyen el empresariado, retomados en el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país en enero y dejó una veintena de recomendaciones que incluyen reformas institucionales y revisión del gasto público. El endeudamiento, a ritmo de 200 millones de dólares mensuales, tampoco fue tocado.
Siguió evadiendo el mandato del pacto fiscal establecido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, consciente de que la sociedad pondrá sobre la mesa las imprescindibles revisiones de la malversación, del clientelismo y el rentismo que mantiene organismos redundantes e inoperantes.
Del otro pacto pendiente, el eléctrico, dijo que “avanza ahora a buen ritmo”, aunque ya cumplió dos años en discusión, por la falta de transparencia en el sector. El presidente escogió a los generadores privados de energía para una práctica de “demagogia nacionalista”, como escribió Bernardo Vega, pretendiendo levantar las tribunas como hace 4 años por el contrato con la Barrick sobre el oro de Cotuí.
Oportunidad desaprovechada
Las expectativas sobre el escándalo de la Odebrecht quedaron cortas. No mencionó los sobornos ni las sobrevaluaciones en 17 obras contratadas, limitándose a las plantas de carbón, centrándose en justificar su utilidad, que no es lo que está en discusión, pretendiendo que quitar la obra a la empresa corruptora, como dispone la ley de Compras y Contrataciones, sería abandonadas, lo que es falso, ya que pueden designar una “administración secuestraria”, y mantener las subcontrataciones ejecutivas. Su apasionada defensa de la obra deja en jaque a la comisión que creó para evaluar su contratación.
Danilo Medina desaprovechó un gran escenario nacional para dejar clara su relación personal y el financiamiento de la asesoría política de Joao Santana, confesado instrumento de Odebrecht en el financiamiento interesado de campañas electorales en Brasil y otros países, a pesar de que éste salió prácticamente del Palacio Nacional para una cárcel brasileña. Si fue legítima y transparente pudo demostrarlo con el contrato correspondiente, montos y mecanismos de pago. También debió informar sobre los alcances de su participación en las negociaciones con Odebrecht para contratar las plantas de carbón, ya que Rubén Bichara le atribuyó haber logrado una reducción de precios, aunque a cambio de la exención total de impuestos.
Aunque casi pide firmar el “libro verde contra la impunidad” evadió responder su reclamo de un fiscal independiente, con asesoría internacional, para indagar todo el escándalo de Odebrecht, no sólo las plantas. Ni siquiera abordó el problema de la corrupción, pudiendo dar respuestas más efectivas a los escándalos mortíferos de la OISOE y el CEA y a las ventas de barrios y minas por la CORDE, aunque una comisión acababa de documentar que la tragedia de los tres muertos en Macorís fue originada por un tráfico mafioso. También ignoró los confesados sobornos para la compra de los aviones Tucano.
Esta vez Medina no volvió a prometer impulsar la aprobación de las leyes de partido y del régimen electoral, que podrían ayudar a contener la corrupción política al reducir la extensión y el costo de las campañas electorales y con transparencia de financiamiento.
Un golpe al Procurador
El discurso presidencial dio pleno respaldo a la gestión del Procurador General en el escándalo Odebrech, bajo términos que con asombrosa exactitud adelantó el jueves 23 la columna Fogaraté de Ramón Colombo: “caiga quien caiga”, “hasta las últimas consecuencias”, “Hemos impartido instrucciones”, y “Aquí no hay vacas sagradas”. Aunque las redes dijeron que sí hay toros y gatos sagrados y revivieron al genial Cantinflas en su película Patrullero 777, donde proclamó: “Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quienes cae de todo, nunca caen”. Muchos recordaron los pactos reeleccionistas que implicaron “no ha lugar” a los expedientes de grave corrupción de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Medina avaló una gestión de su Procurador General Jean Rodríguez que identificó a Angel Rondón como el distribuidor de los 92 millones de dólares de los sobornos que confesó Odebrecht, pero ni siquiera allanó sus oficinas en busca de documentos, ni le impuso la menor coerción. Que interrogó a los opositores exdirigentes de las cámaras legislativas que aprobaron el 9% del monto de los contratos bajo sospecha, pero no ha hecho igual con los oficialistas que aprobaron el 91%, como advirtió esta semana el Partido Revolucionario Moderno.
El presidente apoyó el “acuerdo confidencial” de la Procuraduría con Odebrech, que sólo establece multa por los sobornos, e ignora la ley de compras y contrataciones, los 163 millones de dólares que la empresa delincuente confesó haber derivado como beneficios, y las denuncias de sobrevaluaciones. Pero dos días después el juez José Alejandro Vargas, basado en principios de justicia, sentó precedente al rechazar una conciliación inaceptable por la gravedad del delito. Se ha reafirmado la convicción de que sólo la sostenida presión de la sociedad obligará a alguna sanción del escándalo Odebrecht.-
