El Recurso de Amparo, el fallo del tribunal, el apoyo del gobierno al desorden, la presión de los transportistas y lo que esperamos los usuarios.
El Recurso de Amparo interpuesto por el Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (CONADECO), junto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en contra de varias instituciones del Estado entre las que se encuentran los Ministerios de Industria y Comercio, Interior y Policía, De las Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo; además de la Policía Nacional, Procompetencia, Autoridad Portuaria y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), donde se busca liberalizar el sector transporte en el país, garantizando las libertades de empresa, contratación, competencia y tránsito y la mejoría del servicio a los usuarios que proclaman su derecho a elegir.
CONADECO expresa el clamor por la aplicación de la ley, porque es lo que podrá otorgar seguridad jurídica al país y garantías a sus ciudadanos a través del cual solicita acabar con el monopolio del transporte, lo cual es perjudicial en todos los órdenes porque en primer lugar es violatorio de la Constitución de la Republica en su Art. 50.- el cual reza: “Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.
Además de la Carta Magna, la Ley General de Defensa de la Competencia número 42-08, que crea a Procompetencia, persigue la promoción de la libre competencia para de esta forma aumentar la eficiencia de los mercados, con el fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores.
Procompetencia afirma que la competencia es la concurrencia en un mismo mercado de múltiples empresas que producen bienes o servicios similares y de un gran número de consumidores que compran libremente con suficiente información. La Ley 42-08 prohíbe las prácticas desleales e ilícitas que son definidas como los actos o comportamientos realizados en el ámbito comercial o empresarial que resulten contrarios a la buena fe y ética comercial y cuyo objeto sea un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores o usuarios.
Conadeco enfatizó que la República Dominicana también es signataria de acuerdos internacionales y miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que promueve la libre competencia entre los diferentes actores del mercado.
Señaló de igual manera que el otro acuerdo del que el país es signatario es el tratado de libre comercio suscrito con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), que establece como un principio general la prohibición de toda práctica desleal de comercio internacional que cause o amenace causar distorsiones al comercio. Lo mismo que se suscribió con la Comunidad del Caribe o CARICOM.
El tratado de libre comercio firmado por el país con Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) también es explícito en este tema.
La organización popular puntualizó que siendo así entonces debemos colegir que si la ley dice que cuando se reúnen dos o más personas o instituciones con fines de comercializar un ofrecer un servicio apropiándose del derecho de otros a participar imponiendo sus reglas, es lo que llamamos monopolio, que es lo mismo que decir lo que sucede en nuestro país con el transporte público de pasajeros y carga, donde existen unos “sindicatos” y “federaciones” que imponen sus propias reglas en la oferta del transporte de carga y personas, prohibiéndoles a otras personas o entidades participar con las mismas prerrogativas, entonces estamos ante una grosera forma de imponer la voluntad de unos contra la sociedad.
Señaló la entidad civilista que de eso se trata el proceso incoado en el TSA, de poner las reglas de juego claras en un asunto tan importante como el servicio del transporte que incide en toda el mercado de bienes y servicios, pues el hecho de que el transporte de carga se encuentre en manos de una Federación de transportistas, FENATRADO, la cual no permite la operación de nadie más en ese proceso, imponiendo por la fuerza sus propias decisiones, encarece los productos que llegan al mercado y de igual manera el transporte público de pasajeros en manos de las federaciones de transportistas ha anquilosado este servicio convirtiéndolo en un infierno de inseguridad, carestía, atropellos e inhumano que indigna a los usuarios a los cuales les han secuestrado su derecho a elegir consagrado en la Ley 358-05 Ley General de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y en las Directrices de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, de la cual el país es signatario.
Dijo la asociación representativa de los consumidores y usuarios que no se explica que de manera sorpresiva e increíble, el Estado dominicano le haya dado un espaldarazo a los transportistas, toda vez que las instituciones del Estado demandadas han dicho al tribunal que rechace el amparo en un evidente acto de cobardía y de negación de su rol para garantizar la Constitución de la Republica que en su Art. 147 manda al estado a salvaguardar los servicios públicos con calidad, dignidad y asequibilidad para el pueblo.
“Sospecha de contubernio y complicidad han demostrado demás los representantes de la OTTT, Industria y Comercio, Autoridad Portuaria durante el conocimiento de las audiencias en la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que unido a los múltiples incidentes presentados para retrasar el proceso por parte de los más de 40 abogados de los demandados, la parafernalia montada en el frente del tribunal por una claque vocinglera y agresiva, insultante , mas el taponamiento del tránsito con paro de labores de 24 horas de FENATRADO en todo el país, dos días antes de la vista. nos habla claro de lo que se ha movido en negociaciones secretas con personeros del gobierno que indudablemente ha recaído en presiones a los probos jueces que componen el Tribunal integrado por Diomedes Villalona, quien lo preside, Alina Mora y Evelyn Torres”. Dijo Conadeco en su nota enviada a la prensa
Aseguró Conadeco que hay que respaldar esos magistrados, que han recibido toda clase de presión, incluso su recusación como último recurso de dilatar el conocimiento del fondo y el eventual fallo en contra de los transportistas porque esos magistrados no podrán ponerse de espaldas a las Leyes y la Constitución de la Republica porque sería no solo un mal precedente sino un descredito de ese importante tribunal que perdería la moral para cumplir con su rol.
Finalmente el Conadeco dijo que La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijó para el jueves 15 el fallo del recurso de amparo incoado por el CONEP y CONADECO, sobre si acoge o no el recurso de amparo en contra de varias instituciones del Estado y que busca eliminar el monopolio en el transporte de carga, el país está atento a esta decisión para saber si se acaba con el abuso o se adecenta un servicio que hasta este momento está en manos de personas inadecuadas y sin preparación, pero sobre todo percatarse si las instituciones funcionan o se mantendrán secuestradas por voluntades obscuras y cavernarias que han sumido el país en el caos y el desorden para amasar inmensas fortunas incluso a costa de sus propios afiliados.
La asociación representante de los usuarios continuó diciendo que “El tribunal al fallar deberá saber que los usuarios somos más, que el país necesita de su sabiduría y seriedad para quitarse de encima esta pesadilla que no tiene entrañas porque golpea a los mas infelices, a los trabajadores, chiriperos, estudiantes pobres que no tienen manera de llegar con tiempo y dignidad a sus centros de trabajo o estudio”.
“Nuestra asociación, cree en la probidad de los jueces, en su ecuanimidad y sapiencia, así como su moral que no debe quedar en tela de juicio, sino que debe salir fortalecida con una decisión que le devuelva al país la tranquilidad y un sistema de transporte decente, humano, limpio y eficiente”. Terminó diciendo el CONADECO.
