El abogado Namphi Rodríguez consideró inaceptable que siendo Danilo Medina presidente del Consejo Nacional de la Magistratura se viole la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial y se opte por consignar una “reconsideración pírrica” a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de RD$800 millones en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el 2017.
Rodríguez, presidente de la Fundación y Derecho, dijo que es asombroso el desinterés y la desidia del mandatario por retomar la agenda de la reforma y fortalecimiento del Poder Judicial como columna vertebral del sistema de seguridad pública.
“Es un ahorcamiento financiero e institucional contra el Poder Judicial, ese debe cesar y el presidente de la República es la persona más idónea para poner coto a esa situación porque él es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y como tal conoce la realidad”, subrayó.
Recordó que la Ley 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa, del año 2005, estableció en su artículo tres que el presupuesto del Poder Judicial será por lo menos del 4.10 por ciento de los ingresos del Estado, y que ese porcentaje se debe distribuir en un 2.66 por ciento para la Suprema Corte de Justicia y un 1.4 por ciento del presupuesto de la nación para la Procuraduría General de la República.
El jurista consideró que al desconocer el mandato de ley y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, el presidente Medina viola el principio de separación de poderes consignado en el artículo 4 de la Constitución.
“Estamos en un terreno cenagoso de inconstitucionalidad y desconocimiento del principio de separación de poderes, puesto que la autonomía presupuestaria es uno de los aspectos más sensibles de la institucionalidad de un órgano o un poder del Estado y hay que observar los porcentajes que dispone la ley en provecho de ese órgano”, adujo.
Recordó que para el presente año, el presupuesto de la SCJ fue de alrededor de RD$5,600 millones, y con la reconsideración pasará a algo más de RD$6,000 millones.
“El 2.66 por ciento que establece la ley debe representar entre RD$14,000 y RD$15,000 millones, es decir es una violación penosa”, añadió.
A su juicio, esa es una manera del mandatario y la clase política mantener subyugado el Poder Judicial para que responda a la voluntad de los gobernantes de turno.
Deploró que mientras al Poder Judicial se le dispensa ese tipo de tratos, el mandatario asigna cuantiosos a programas como Despacho de la Primera Dama, Visitas Sorpresas y al Plan Social, que ni siquiera figuran en el organigrama legal y burocrático del Estado dominicana.
“No puede ser que el Plan Social o el Despacho de la Primera Dama reciban lo que debe ir al Poder Judicial, es una manera de desconocer el rol de los poderes del Estado y un manejo antojadizo y caprichoso del Poder Ejecutivo”, lamentó.
Sostuvo que en algún momento el Tribunal Constitucional tendrá que definir el significado de la expresión “autonomía presupuestaria y financiera” respecto de los poderes del Estado y los órganos autónomos y descentralizados.
