SANTO DOMINGO, RD.- La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto que modifica nueve artículos del Código de Niños, Niñas y Adolescentes o Código del Menor, los cuales endurecen las penas a los menores involucrados en hechos delictivos. Los diputados introdujeron modificaciones de la ley 136-03 en los artículos 223, 224, 279, 280, 291, 296, 339, 340 y 380. La iniciativa fue acogida por 120 legisladores, mientras que Josefina Tavárez, Luis Sánchez y Yudelka de la Rosa, votaron en contra.
Entre las reformas acogidas a la iniciativa se aumentan las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión para los menores que delinquen con edades entre los 13 y 15 años; y la máxima de 5 a 15 años de reclusión a los que delinquen con edades entre 16 y 18 años.
La pieza eleva, además, de 10 a 30 días la investigación a los menores que sean investigados por cometer en un hecho delictivo. Ahora el proyecto pasa al Senado para su ponderación.
Préstamo para ADN
La Cámara de Diputados aprobó además este martes el proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y al Banco de Reservas otorgarle el préstamo de RD$300 millones de pesos al Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Los recursos se utilizarán en el fortalecimiento del sistema de aseo de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Los diputados acogieron el informe favorable de la comisión de Hacienda que preside Marino Collante. La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El préstamo era de RD$450 millones, pero los senadores excluyeron RD$150 millones que se destinarían para el cabildo capitalino saldar parte de la deuda contraída en la compra de los autobuses azules, que el Ayuntamiento fue garante en los autobuses cedido a la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción.
Además, los diputados acogieron el proyecto que autoriza al Banco de Reservas conceder a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA) un financiamiento de 11 millones para la compra de un edificio para alojar sus oficinas.
También se acogió en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 193-11 que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir títulos de valores internos de Deudas Públicas, por RD$5,000 millones para el pago de deuda contraída con el sector agropecuario, el cual ya fue acogido por el Senado.
Por otro lado, la Cámara Baja aprobó en primera lectura el proyecto que designa con el nombre Silvano Quezada, el multiuso del municipio Sabana de La Mar, Hato Mayor. La iniciativa fue sometida por Cristóbal Castillo.
Otro proyecto aprobado en segunda lectura fue el que declara el Merengue como patrimonio nacional cultural intangible del Estado Dominicano. La pieza será enviada al Senado para su estudio y ponderación.
Además, los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de Promoción y Difusión del Teletrabajo en República Dominicana, sometido por Julio Encarnación del PRD, Angela Pozo del PLD, entre otros.
Préstamos sobre la mesa
La Cámara de Diputados dejó sobre la mesa hasta el jueves el convenio de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por US$230 millones para ser utilizado en el financiamiento del programa para el desarrollo de política sectorial del Transporte Urbano de Santo Domingo, la extensión de la red del Metro en su segunda línea y la reestructuración de la red de autobuses en integración con la red del metro.
Además dejó sobre la mesa hasta el jueves el contrato de préstamo firmado con el Banco Europeo de Inversiones, US$37 millones para mejorar la red de transmisión eléctrica de la zona Sur-Oeste del país, a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.
También fue aprobado el tercer adémdun del contrato de préstamos, por US$50 millones de dólares, destinado a la construcción del acueducto Múltiple de Samaná y de la provincia Hermanas Mirabal.
Piden interpelar a Ng Cortiñas
El diputado del PLD, Francisco Matos, depositó una resolución en que pide interpelar la Superintendencia de Bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, para que explique y justifique su posición de restar autoridad al Congreso Nacional para legislar en torno al régimen legal del uso de las tarjetas de crédito en el país.
La resolución establece que la Constitución en su artículo 217 establece los principios rectores del régimen económico del país, en cuanto a orientación y fundamento, disponiendo y el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano y se fundamenta en el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza.
Refirió Matos que el artículo 76 de la Carta Magna establece que el poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo, por el Congreso Nacional.
