SANTO DOMINGO, RD.- Una vez más, algunos miembros de la Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados han dejado al descubierto su incomprensión de los aspectos fiscales del contrato entre el Estado Dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation.
En el marco del anuncio de la revisión del contrato, repiten afirmaciones incorrectas que dejan al descubierto su desconocimiento de que el Estado Dominicano recibirá el pago de regalías desde el inicio de las exportaciones, además del impuesto sobre la renta, una vez se registren utilidades. Todo eso, antes de que la empresa recupere la inversión, tal cual establecía el contrato original.
Además, y gracias a la Enmienda del Contrato, el Estado dejará de recibir un máximo del 25% de las utilidades netas una vez recuperada la inversión y pasará a percibir el 28.75% luego de alcanzada la tasa interna de retorno del 10%.
De esa manera, le será otorgada al Estado Dominicano una participación promedio del 50% en los flujos netos de efectivo. Ese 50% es, en efecto, un monto mayor al 50% de los beneficios, por lo que la iniciativa de la Comisión plantea un reclamo para conseguir algo inferior a lo que el Estado ya tiene de hecho.
A su vez, cuando los mismos diputados aseguran que los precios del oro son ahora muy superiores a los que prevalecían al momento de la Enmienda y que por ello se debe revisar el Contrato, olvidan que el aumento beneficia de manera equitativa y en partes iguales tanto al Estado como a la empresa.
Por eso, la participación del Estado Dominicano en los beneficios bajo el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros y su Enmienda ha sido elogiado en otros países como un logro superior del Estado. En efecto, se trata de un logro incluso superior al de países de mayor experiencia y tradición minera.
En ese contexto, uno de los efectos nocivos de la revisión anunciada es precisamente la incertidumbre que genera en los mercados internacionales, en la medida en que se promueve la sensación de inseguridad jurídica sobre la inversión extranjera y con ello se limitan las potenciales nuevas inversiones.
Como parte de nuestra filosofía de Minería Responsable, hemos dialogado en diversas ocasiones y de manera amplia y transparente con el pleno de la cámara y con las distintas comisiones. En todo momento hemos destacado y explicado que la operación de la empresa impactará positivamente en la calidad de vida de toda la región, pero especialmente en la remediación del pasivo ambiental heredado de la operación minera anterior y en el apoyo a políticas públicas de educación, salud, medio ambiente y empleo.
Reafirmamos entonces nuestro compromiso de propiciar el diálogo constructivo con todos los públicos interesados, con la convicción de seguir abriendo un espacio cada vez mayor a la objetividad. Así procuramos satisfacer y aclarar las inquietudes surgidas a raíz de afirmaciones equivocadas sobre el Contrato firmado entre el Estado Dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation.
