SANTO DOMINGO, RD.- El Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes afirmó hoy que la Junta Central Electoral despoja de su nacionalidad a decenas de miles de dominicanos/as, cuando administrativamente dispone, que no le sean entregadas copias de las actas de nacimientos que ellos requieren para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales, tales como: estudiar, solicitar o renovar cédula o pasaportes y visas, casarse, o para fines de trabajo, etc.

“La Junta Central Electoral a través de la resolución 12-07, está aplicando una política discriminatoria con la finalidad de despojar arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas que ya fueron reconocidos como dominicanos/as por el Estado y la sociedad.” denunció Digna Adames, directora del SJRM Santo Domingo y vocera de la entidad.

La representante del Servicio afirmó, que esta política tiene un efecto traumatizante en las personas afectadas, a las cuales, a pesar haber nacido en República Dominicana, crecido, estudiado y trabajado en el país, con el español como idioma e integrados/as plenamente la cultura dominicana se les dice que no se les va entregar su acta de nacimiento, porque la misma,  alegadamente, fue instrumentada con errores o se les dice que no son dominicanos, remitiéndolos/as a un consulado extranjero para “resolver la situación”.

 

“Varios casos de solicitud de actas, han sido llevados a la justicia mediante acciones de amparo, y en todos, los tribunales han ratificado, que el derecho a la documentación es inalienable y se le ha ordenado a la Junta Central Electoral que entregue la documentación. Pero la JCE se resiste a acatar las sentencias, lo cual constituye un grave atentado contra la seguridad jurídica y el estado de derecho y tiene el potencial de generar efectos sociales muy negativos en el corto y mediano plazo.” Aseveró Adames.

Precisó que, sí bien es cierto que contra el registro civil se han cometido fraudes, esto en ningún caso  puede justificar ni legitimar el abuso de poder, ni la violación de la Constitución de la República y la Ley de Registro Civil, para negarle las actas de  nacimiento a personas que la han obtenido de manera legal y sin intención de fraude.

“Esto es simplemente un abuso. La Ley sobre Actos del Estado Civil, el Código Civil dominicano y las sentencias de los tribunales son muy claros en este sentido: toda irregularidad detectada en el registro civil, ya sea de forma o de fondo, es una responsabilidad exclusiva de los oficiales del Estado Civil. No hay ninguna razón para negar la entrega de las actas. Solo un tribunal puede disponer lo contrario.”  Concluyó la vocera.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco del Análisis de Coyuntura que se desarrolla el primer sábado de cada mes en el Centro Bonó. En esta ocasión, participaron como panelistas el abogado Cristóbal Rodríguez y la abogada Noemí Méndez, quienes estuvieron debatiendo desde una perspectiva legal y social las implicaciones de la resolución 12-07, que ordena la suspensión provisional en la expedición de copias de actas de nacimiento que contengan irregularidades.