Según estas organizaciones comunitarias las denuncias hechas por autoridades de las alcandías, Medio Ambiente, Cámara de Diputados y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo “es que con la venta de esos terrenos se violo la Carta Magna”, ya que todo contrato de venta que exceda los cinco salarios mínimos debe ser refrendado por la cámara legislativa cosa que no sucedió, violentarían a la Ley 64-00 sobre MA y Recursos Naturales,Ley4201 de Salud Pública y la Ley 176-07 sobre los Municipios y el Distrito.
Francisco Alberto Reyes, coordinador general, informo en rueda de prensa ofrecida luego de depositar su petición al procurador Jean Alain que también la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, debe actuar contra Lajun Corporation, en relación a las irregularidades supuestamente incurridas durante la adquisición de los terrenos del Vertedero de Duquesa.
Informo que hay contratos no fueron conocidos por el Congreso Nacional, con lo que se violenta la Ley 64-00 y la 42-01 afectando los moradores del Gran Santo Domingo. Exige establecer responsabilidad contra las personas físicas que se beneficiaron de esta irregularidad.
En ese sentido, pide Blocozai al Pepca profundizar las investigaciones en el caso y tomar las medidas correspondientes.
