La crisis en la gerencia del sistema informático de La Junta Central Electoral (JCE) que se ha extendido a la importante Junta Electoral de Santiago, y la irrupción de narcotraficantes en la campaña extensa y costosa campaña electoral dominicana, más la urgencia de adecuar la legislación y los nuevos órganos electorales al marco constitucional instituido en enero del 2010, están demandando una urgente concertación del liderazgo político.
Las expresiones de Monseñor Agripino Núñez Collado al término de la última reunión entre los secretarios generales y delegados electorales de los dos partidos mayoritarios, indican un fracaso en los intentos de concertar una solución al conflicto originado en la dimisión del administrador general del Sistema Informático de la JCE, Miguel Angel García, complicada con la cancelación de un miembro de la Junta Electoral de Santiago, lo que por solidaridad generó la renuncia de otro. La recusación del presidente de la misma c0omplica aún más la situación.
La ausencia de concierto político en torno al arbitraje electoral pone en riesgo los avances que se habían logrado en los últimos años. Tanto la gerencia de informática como la Junta Electoral de Santiago habían sido determinadas por consenso y no se advierte una razón válida para que ahora se rompa.
Las objeciones al ingeniero Franklin Frías como administrador del centro de cómputos de la JCE, válidas o no, han sido generalizadas desde hace una década, sólo que alternándose los actores. Si en el 2001 fueron justificadas y aceptadas cuando provenían del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, entonces en la oposición, lo mismo debe ocurrir ahora cuando la impugnación proviene de todos los partidos que no forman parte del gobierno.
No se puede ignorar que ahora hay agravantes. A García lo hicieron saltar de la gerencia general creada para subordinar a Frías. Y saltó cuando no encontró respuesta del presidente de la JCE a sus interrogantes después que su subordinado dirigió una circular a todo el personal en la que se autoproclamó jefe máximo del organismo. Todo lo dejó documentado García al publicar su dimisión.
Hay que restablecer el consenso partidista en torno a la JCE. Poner a Frías sobre el mismo sólo sirve para incentivar desconfianzas e incertidumbres. La concertación es más urgente porque sin ella no será posible aprobar el proyecto de reformas electorales elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que por constituir una ley orgánica requiere dos tercios de los votos de las cámaras legislativas que nadie tiene.
El concierto es preciso también para que la urgente institución del Tribunal Superior Electoral no eche combustibles sobre el fuego. Lo mismo para la aprobación de los reglamentos operativos del mismo, que tomarían tiempo. Ya empiezan a acumularse expedientes en el proceso electoral por ausencia del órgano contencioso, lo que no hubiese ocurrido de haberse observado el mandato transitorio de la Constitución que mantenía los antiguos jueces hasta la constitución de los nuevos órganos electorales.
La ocurrencia de un acusado de narcotráfico patrocinando un grupo de apoyo a la candidatura presidencial del principal partido opositor y la documentación de que había financiado la candidatura del actual presidente de la nación, es otro motivo para la urgente concertación, sin la cual será imposible la oportuna aprobación de los proyectos de leyes de Partidos Políticos y de reformas electorales que contemplan medidas para limitar el financiamiento y reducir los costos de las campañas.
El sistema político debe dejarse de hipocresías y aceptar la urgencia de regulaciones. La ciudadanía consciente sabe que el multimillonario financiamiento de nuestras descomunales compañas proviene en gran proporción de fuentes ilegítimas: del robo público, del tráfico de influencias, del dinero mal habido, de la inversión que busca rentabilidad y del abuso de los recursos del Estado. Hay que poner límites, pero ya!
