SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su preocupación por lo que calificó de “un peligroso deterioro de algunos aspectos de los procedimientos judiciales en el país” que atentan contra la seguridad jurídica, el empleo de miles de trabajadores y la productividad de las empresas.

Ligia Bonetti de Valiente, presidenta de la AIRD, hizo sus señalamientos al referirse al conjunto de lo que se han llamado “mafias judiciales laborales” que se dedican a la ejecución de embargos ilegales contra empresas. “Son mafias, prácticamente asociaciones de malhechores, que cuentan con órdenes judiciales obtenidas irregularmente, con acompañamiento de alguaciles y generalmente con apoyo policial, que se presentan a las empresas y buscan proceder a embargos en función de supuestas sentencias”, explicó Bonetti de Valiente.

Dijo que la AIRD pide a las autoridades tomar el tema con la gravedad que amerita y como una forma de preservar la seguridad jurídica de las empresas y los puestos de trabajo en la nación. “Se requiere una urgente profilaxis de algunos segmentos del aparato judicial, se requiere que las autoridades intervengan con urgencia”, expresó.

La dirigente de los industriales dijo que en las últimas semanas varias empresas industriales se han visto afectadas. “Han visto paralizadas o semiparalizadas sus operaciones, han creado incertidumbre en cientos de trabajadores, dañan la imagen pública de las empresas y perjudican la productividad”, enfatizó.

Dijo que de continuarse con esta práctica de los embargos ilegales “provocarán que tengamos varios miles de trabajadores directos e indirectos sin fuentes de trabajo, todo en función de supuestos derechos de unos cuantos trabajadores, derechos que son asumidos por abogados inescrupulosos. A esto, señores, hay que ponerle un alto”, expresó.

Recordó que a lo anterior se añaden las denuncias hechas por el sector hotelero, zonas francas y hasta por comerciantes. “En la prensa del viernes el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Rodolfo Pérez Mota, denunció que personas inescrupulosas usurpaban las funciones de los notarios, dando fe pública y avalando ilegalmente actos notariales. Es parte de esta descomposición, de esta corrupción a la que hay que poner mucha atención, tanto por lo ilegal como por sus terribles consecuencias sobre la economía dominicana”, dijo Bonetti de Valiente.