En medio de la borrasca dejada por el discurso presidencial del 27 de febrero podría colarse de contrabando el nuevo esfuerzo gubernamental por abonar el recurrente presidencialismo que tanto ha castrado la institucionalidad democrática en los 167 años de la República Dominicana.
El presidente Leonel Fernández observó la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) recién aprobada por el Congreso Nacional para reclamar un voto adicional, apenas un año después que la nueva Constitución incluyera al Procurador General como miembro del organismo encargado de elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral.
Hasta la nueva Constitución el CNM estaba integrado sólo por siete miembros, el presidente de la República, los presidentes de las dos cámaras legislativas y un delegado adicional por cada una de ellas, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un delegado adicional por la misma
Cuando los asambleístas constitucionalistas agregaron al Procurador General, un subalterno del presidente de la República, que es quien lo designa, era obvio que se fortalecía el presidencialismo, nada menos que en la integración de los máximos organismos de otro poder del Estado, el Judicial.
Pero el presidente Fernández no quedó conforme con ese poder y con la observación de la ley pretende que en caso de empate en una decisión se le otorgue un voto adicional definitorio, algo absolutamente improcedente y en las actuales circunstancias innecesario.
En realidad el doctor Fernández tiene garantizada la mayoría absoluta de los votos del CNM para la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Cuenta, además del suyo, con el voto del Procurador, de los presidentes de ambas cámaras y del aliado reformista que es el representante adicional del Senado, para totalizar cinco de ocho. La oposición perredeísta sólo cuenta con el delgado adicional por la Cámara de Diputados, quedando todavía la posibilidad de obtener los dos de la Suprema Corte.
El abono al presidencialismo se plantea precisamente cuando desde diferentes instancias sociales se reclama que las próximas elecciones del CNM se hagan con amplitud democrática, amplio consenso y sin atender los intereses partidistas, condiciones que siempre deberían caracterizar la escogencia de los jueces, especialmente cuando se trata de la Suprema Corte y de los jueces responsables de dirimir los conflictos constitucionales y electorales.
Si el actual mandatario de cualquier forma ya tiene el control del CNM no se justifica que quiera instituir un voto adicional para el Poder Ejecutivo y en materia que tiene que ver con órganos a los cuales eventualmente tendría que rendir cuenta. Podría estar trabajando para facilitar decisiones en el CNM a su sucesor, sobre todo si es de otro partido.
La motivación es confusa pero el objetivo es abonar el presidencialismo en detrimento del Poder Judicial. Una demostración adicional de que el doctor Fernández se distancia en la sintonía con las aspiraciones nacionales de independencia de poderes y de fortaleza institucional. Ojalá que la oposición haga valer su peso en la Cámara de Diputados y rechace firmemente la pretensión presidencial, ya que al tratarse de una ley orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos.-
