SANTO DOMINGO, RD.– La Procuraduría General de la República informó este martes que con una inversión de 175,000 euros que aportará la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) reforzarán los trabajos del sistema de planificación institucional en materia de justicia penal.
La iniciativa fue formalizada a través de la firma de un convenio por parte del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez; el embajador de España en el país, Diego Bermejo Romero, y el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación, Carlos Cano Corcuera.
“El objetivo del proyecto es mejorar el sistema de planificación institucional de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de desarrollar un sistema de gestión efectivo para el cumplimiento de los objetivos de la función judicial, así como disponer de una programación a largo plazo, enmarcado dentro del Sistema Nacional de Planificación del Estado, que permita orientar sus actuaciones futuras de reforma y modernización del sistema de justicia”, indica el documento.
El magistrado Jiménez Peña dijo que el apoyo de la Cooperación Española ha sido fundamental en el éxito de los proyectos puestos en marcha por la institución, y con el nuevo plan fortalecerán los trabajos para garantizar la seguridad jurídica.
Explicó, además, que el proyecto tiene el propósito de contribuir a eficientizar la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía a través de la Secretaría General, “el cual hemos logrado llevar al exterior, incluyendo a España”.
Declaró que la Procuraduría ha ido construyendo un proceso de institucionalidad que se refleja a lo interno de la misma, llevando un proceso transparente de accesibilidad a la propia institución.
Mientras que el embajador Bermejo Romero dijo que la Cooperación Española ha incidido en el fortalecimiento del sistema de justicia penal en la República Dominicana, y que como parte de ese esfuerzo se ha querido ayudar en la planificación institucional.
Resaltó que el interés en la planificación es por la nueva función judicial que tiene el Ministerio Público desde la reforma del Código Procesal Penal, que es donde ese organismo adquiere una mayor autonomía, “ya que indica que la Procuraduría es la que hace la investigación, los análisis y la diligencia que lleva a la investigación final”.
“Para mí como embajador de España la verdad que es una satisfacción comprobar como con voluntad de ambas partes se pueden poner en marcha proyectos que tienen un efecto multiplicador importante para mejorar los servicios del Ministerio Público”, manifestó.
Durante el convenio, firmado en la sede de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jiménez estuvo acompañado del Comité Gerencial, que integran, los procuradores generales adjuntos Rodolfo Espiñeira y Frank Soto; el director de Planificación de la institución, José Abud; la asistente del procurador en el área Financiera-Administrativa, Gladys Checo; la secretaria general, Gladys Sánchez; el director de Tecnología de la Información, Luis Paulino.
También, participaron la procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, el director de Estadísticas, Justo Vásquez, así como el personal completo de la Dirección de Planificación.
Lo acordado en el proyecto establece que la mejora del sistema de justicia penal en el país, como un servicio público, requiere el abordaje desde un enfoque integral que promueva e involucre la participación y coordinación de las múltiples instancias competentes en la materia, como son, además del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.
ARCHIVOS ADJUNTOS: Fotos del acuerdo entre el procurador Radhamés Jiménez; el embajador de España en el país, Diego Bermejo Romero, y el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación, Carlos Cano Corcuera.
