El presidente Leonel Fernández podría culminar bien su gestión si despeja las incertidumbres del continuismo, se centra en la Estrategia Nacional de Desarrollo, fortalece la institucionalidad democrática y restablece el equilibrio fiscal
Al comparecer este domingo ante el Congreso Nacional, el presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para despejar las incertidumbres políticas que ha generado el proyecto continuista que impulsan sus más devotos seguidores y concentrarse en el afianzamiento de la institucionalidad democrática.
El impulso a la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ponderada integración de los nuevos órganos derivados de la nueva Constitución, la reforma política y el restablecimiento del equilibrio fiscal forman parte de la agenda pendiente que le permitirían culminar con éxito su tercer período de gobierno.
La agenda pendiente
Al entrar en la recta final del actual período gubernamental el presidente Fernández tiene una importante agenda pendiente que reclama su atención, buscar consensos y legitimar acciones trascendentales derivadas de la Constitución que promulgó el año pasado.
El proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo que el mandatario introducirá al Congreso requiere un adecuado clima político para su aprobación consensuada si se le quiere convertir en un instrumento fundamental para pautar el desarrollo sostenible y la fortaleza institucional de la nación en los años por venir. El proyecto ha sido prioridad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en los últimos dos años.
Hace un año el presidente anunció que lo introduciría al Congreso en agosto del 2010, luego se dijo que sería este 27 de febrero, aunque todavía en los últimos días era objeto de intensas jornadas de trabajo en el Consejo Económico y Social, donde representantes de diversos sectores sociales buscaban consensuarlo.
En la agenda gubernamental está todavía la adecuación de numerosas leyes al nuevo marco constitucional, en especial la ley orgánica del trascendente Tribunal Constitucional y la posterior elección de sus integrantes, así como los del Tribunal Superior Electoral y la evaluación y renovación de la Suprema Corte de Justicia.
En su comparecencia del año pasado ante el Congreso el doctor Fernández se comprometió también a hacer realidad una ley de partidos políticos y otra de participación popular y nuevas legislaciones sobre libertad de expresión y medios de comunicación, de radio, televisión e Internet, así como reformas a la ley electoral, la de municipios, de la cámara de cuentas, del defensor del pueblo y de los recursos de amparo. También anunció proyectos de reformas a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aún pendientes al igual que una ley para regular las consultas y el referendo instituidos en la nueva Constitución.
La renovación judicial
La aprobación definitiva de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la designación de sus miembros, como los del nuevo Tribunal Superior Electoral y la renovación de la Suprema Corte de Justicia son piezas relevantes de la agenda del presidente Fernández y que reclaman mucha atención.
La evaluación de los miembros de la Suprema Corte y la sustitución de siete que ya pasan de la edad límite de 75 años, así como la elección de los miembros de los dos nuevos tribunales es una tarea particularmente trascendente que concita atención pública y exige ponderación y consenso más allá del partido gobernante.
En sectores sociales se ha incubado la preocupación de que estos órganos sean instrumentados por el amplio control que tiene el presidente de la nación sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos recuerdan y proponen la repetición de la experiencia de concertación y participación democrática que conllevó la elección de los actuales integrantes de la Suprema Corte en 1997, cuando se permitió a la sociedad civil presentar candidatos y la elección fue transmitida por televisión.
Esa participación se dio precisamente en la primera presidencia del doctor Fernández, quien estrenó el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces el mandatario no disponía siquiera de otro voto en el organismo, a diferencia de ahora cuando cuenta con cinco de ocho integrantes. Ahora es el real desafío a su vocación democrática.
Todavía el primer escollo a vencer es lograr la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, bloqueada por la persistencia en ignorar el límite de 75 años para ser escogido juez del organismo, sugerido en la Constitución y que figuró originalmente en el propio proyecto del Poder Ejecutivo.
Esas tareas, la ley de partidos y las reformas electorales suponen una magnífica oportunidad para el doctor Fernández de afianzar su imagen democrática y su coherencia con los compromisos contraídos. Lo mismo puede decirse del cumplimiento de las Iniciativas Participativas Anticorrupción pactadas con los organismos internacionales y organizaciones sociales y puestas a prueba en este “Año de la Transparencia y la institucionalidad”.
Ajuste fiscal y FMI
Oro asunto importante en la agenda del Presidente Fernández es lograr un reajuste fiscal que mantenga la estabilidad macroeconómica, que es su mayor prenda de gobierno, y que salve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual está a la espera de una nueva carta de intención, referida al ajuste fiscal.
Ya se ha dicho que el sector eléctrico demandará nuevamente como subsidio el doble de los 350 millones de dólares asignados para este año y el aumento del precio del petróleo complicará aún más las perspectivas de que el país pueda salir del desequilibrio fiscal de los tres años anteriores.
El comienzo del 2011 no ha sido promisorio para el gobierno en materia fiscal y los reclamos de los acreedores no han podido ser atendidos, mientras hasta los altos funcionarios reconocen que no hay condiciones para una elevación de las cargas fiscales en tanto las instituciones sociales demandan pequeñas y medianas inversiones a nivel nacional. Sólo un eficiente programa de austeridad podría ayudar a mantener la estabilidad macroeconómica, para lo que no se le reconoce vocación al gobierno del presidente Fernández.
En el empresariado se expresan preocupaciones de que la política desestabilice nuevamente las finanzas públicas como ha ocurrido en los últimos tres años, razón por la cual consideran fundamental el mantenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
El gran desafío
Para concentrarse en atender tan amplia agenda es urgente que el presidente despeje las dudas que genera la campaña continuista, lo que le permitirá recuperar la compactación de su partido y la confianza de sectores conservadores que, como el empresariado y las iglesias, no le han sido contradictores.
Lo primero es que el presidente se convenza de que cada día que pasa luce más difícil encontrar una escalera que le permita pasar por encima del artículo 124 de la Constitución sin una ruptura de la institucionalidad democrática, incluso dentro de su propio partido, donde ya hay cinco precandidatos invirtiendo tiempo y recursos en la búsqueda de la candidatura presidencial, uno de los cuales, Danilo Medina, no tiene aparentemente camino de regreso.
Así como ahora luce casi imposible su repostulación, Leonel Fernández tendría todas las posibilidades de volver dentro de cuatro años, especialmente si concluye su gobierno fortaleciendo la institucionalidad democrática, promoviendo la estrategia nacional de Desarrollo y reafirmando la unidad de su partido en el que seguiría siendo líder aún cuando un compañero alcance la presidencia, ya que éste tampoco podría reelegirse.
En ese marco el actual mandatario mantendría un fuerte liderazgo nacional y el reconocimiento internacional que perdería si intenta saltarse la valla constitucional. Quedaría con suficiente influjo en los órganos de poder en medida directamente proporcional a la transparencia y amplitud democrática que auspicie en la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los titulares del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Por lo contrario el intento continuista crearía una crisis institucional y política con repercusiones internacionales, confrontaciones y pérdida de confianza que le harían muy difícil superar las limitaciones fiscales y la gobernabilidad y podrían conducirlo a un fracaso que sería como un suicidio político. Todo luce tan claro que sólo la adicción del poder, el aventurerismo y la rapacidad de los cortesanos puede confundir a un líder del talento político que ha demostrado Leonel Fernández Reyna.-
