El presidente del Frente de Abogados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Fernando Pérez Vólquez, valoró como positiva la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), que rechazó la solicitud de Tony Peña Guaba para que se designara una administración provisional en el partido, al tiempo que dijo que esa decisión impulsará el crecimiento de la organización política.
Pérez Vólquez sostuvo que la decisión del alto tribunal fue en base a la legalidad, ya que entiende que en ninguno de sus párrafos los estatutos del PRD establecen que sea designada una administración judicial provisional, como lo había solicitado Francisco Antonio “Tony” Peña Guaba.
El expresidente del Colegio de Abogados dijo que la decisión del TSE permitirá al PRD continuar con los preparativos para la convención de delegados que será celebrada este sábado, “asumiendo la decisión de la Comisión Política y la Comisión Ejecutiva Nacional, al igual que a los tiempos establecidos en la Ley de Partidos Políticos y de la Junta Central Electoral (JCE)”.
“El PRD está concentrado en su crecimiento y fortalecimiento por lo que realizará su convención este sábado 25 como una fiesta de la democracia”, indicó Pérez Vólquez
Añadió que la Junta Central Electoral realizará el registro de concurrentes y establecerá el quórum, para darle mayor legalidad.
El veterano dirigente perredeístas dijo que la sentencia del TSE, busca evitar daños y obstáculos a futuras aspiraciones de dirigentes perredeístas animados por aspiraciones legítimas, que ahora son obstruidas por dirigentes disidentes que tienen como propósito destruir la organización.
Aprovechó para invitar a los dirigentes y simpatizantes de esa organización política a participar este sábado en la convención de delegados para elegir sus nuevas autoridades como establece la sentencia del TSE.
Pérez Vólquez añadió que “el PRD resultará fortalecido de ese proceso, porque marca un antes y un después en el proceso de fortalecimiento y el crecimiento de nuestra organización”.
El tribunal rechazó la solicitud de administración judicial provisional que pedía Peña Guaba, argumentando que éste no demostró la existencia de una turbación ilícita manifiesta que haga necesario disponer las medidas solicitadas.
La decisión fue adoptada por los jueces Román Jáquez Liriano, Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castilllo.
Los jueces también acogieron una solicitud de exclusión planteada por la Junta Central Electoral (JCE), procediendo a descartar a ese organismo del proceso, argumentando que ninguna de las medidas solicitadas vincula a esa institución.
