La titular de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), Nélsida Marmolejos, llamó este lunes a los prestadores de Servicios del sector salud que han anunciado la paralización de los servicios a los afiliados de la ARS Humano ponderar las acciones que piensan llevar a cabo a la luz de la ley y no de la fuerza.
Tienen que entender, dijo Marmolejos, que lo que pretenden materializar en el esquema en que funciona el Sistema tiene efectos devastadores para los afiliados “y de pingues beneficios para las ARS, entidades que pretenden presionar”.
Indicó que, a la vez, que los afiliados pagan a estos proveedores una alta suma como copago de sus bolsillos por la falta de control del Sistema para reglamentar los bajos pagos que les hacen las ARS a esos sectores, al tiempo de aseverar que, el hecho de los prestadores negarse a prestar un servicio a un afiliado de una ARS, a quienes afecta humana y económicamente es a los afiliados y beneficiará a las ARS; porque simplemente éstas se ahorrarán ese gasto ya que sus contratos no son por servicios sino, por afiliado y el sistema no dejará de pagarles la cápita a esas administradoras mientras ellas no pagarán a los proveedores que no han dado el servicio.
En otro orden de sus declaraciones, la directora de la DIDA, manifestó que la anunciada suspensión de servicios “afectará económicamente el ya maltratado afiliado, porque frente a un evento de salud, tendrá que pagar sin el uso de su seguro, puesto que los prestadores seguirán trabajando y con ello afectando el arruinado bolsillo del afiliado”.
Marmolejos señaló que se espera, ante esta decisión de paralización por parte de estos prestadores, la salida masiva de miles de afiliados de todas las clínicas y hospitales del país que se encuentren internados amparados en sus seguros médicos, lo que es inimaginable y constituiría un acto de lesa humanidad.
La directora de la DIDA puntualizó que el Sistema de Salud es muy complejo y no se trata de los servicios públicos tradicionales en los que una paralización se lleva a cabo y es un elemento de presión frente al Gobierno que, finalmente negocia y sigue pagando el salario a una parte de los prestadores demandantes, sin consecuencias legales.
Significó que, en este caso, las cosas no son iguales, porque aquí hay contratos, hay pagos y hay derechos que se afectan y que la ley reglamenta por lo que “llamamos a los prestadores a canalizar sus reclamos, a lo que tienen todo el derecho, dentro los parámetros que consagra la ley; porque esto es un sistema cuyos actores están intrínsecamente vinculados y cualquier acción unilateral tiene consecuencias legales”.
La DIDA está procediendo a apoderar tanto a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) como al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de la situación para evitar que los afiliados entren en un estado de indefensión, concluye la nota.
