El Gobierno de República Dominicana justificó este viernes su ausencia en una audiencia celebrada en febrero pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la normativa de la nacionalidad, “un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano”.
En un comunicado difundido ayer jueves por la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se dio a conocer que el Estado no envió representación a la audiencia sobre la supervisión del cumplimiento de dos sentencias sobre los casos de dos niñas, relativos a apatridia y discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.
Pero el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, señaló hoy viernes que la falta de representación en la cita se debió a un acatamiento del Gobierno a una sentencia emitida en 2014 por el Tribunal Constitucional local, cuyas decisiones “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
“Esa ausencia en dicha audiencia no representa una afrenta a la Corte Interamericana, como esta señala, sino un acatamiento a una decisión del Tribunal Constitucional dominicano”, agregó Espinal en un comunicado leído ante la prensa en el Palacio Nacional.
La posición del Gobierno se produce después de que la CorteIDH reiterara mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el TC, que afecta especialmente a hijos de haitianos nacidos en el país.
En dicho dictamen, el TC declaró inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte IDH, órgano que ahora falla que, bajo el derecho internacional, la decisión desarrollada por el Tribunal dominicano “no es válida”.
En su comparecencia de hoy viernes ante la prensa, Espinal señaló que el Estado dominicano “aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia”.
El funcionario concluyó sus declaraciones reiterando el compromiso del Estado dominicano “con la defensa de la democracia y el Estado de derecho, así como con la protección de los derechos humanos”.
