-Asegura qu los herederos de la Familia Contreras, en Higüey, fueron despojados del derecho de propiedad de tres mil tareas de tierras adquiridas legítimamente por sus ascendientes antes del año 1920.
Santo Domingo, R.D.-El jurista Mario Hernández expresó preocupación por el funcionamiento de la Justicia en la jurisdicción Higüey, provincia La Altagracia, donde este miércoles acude a una audiencia preocupado por la familiaridad y camaradería que ha observado en pleno tribunal entre jueces y abogados.
Sostuvo que en la Provincia Altagracia se despoja abiertamente a personas del derecho de propiedad, con escasa esperanza de poder lograr que desde los organismos jurisdiccionales de Higùey se administre justicia equilibrada, lo que a su juicio plantea un desafío para las autoridades del Consejo del Poder Judicial, ya que en esa región se pone en riesgo la seguridad jurídica.
Dijo que ese comportamiento se constituye en mala práctica que a su juicio contrasta con la revolución moral que en estos momentos demanda la sociedad dominicana de todas instituciones y estamentos.
El doctor Hernández, jurista con 27 años de ejercicio y profesor de la UASD, narró en el mes de mayo de este año pasó una de las experiencias más amarga en su vida profesional cuando en plena audiencia en el Tribunal Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Altagracia prácticamente fue coartado por un magistrado cuando pretendía defender legítimamente el derecho de propiedad de los herederos de la Familia Contreras, despojados de más de tres mil tareas de tierras adquiridas antes de 1920 y cuyos títulos legalizados le fue otorgado por el Tribunal Superior de Tierra en el año 1949.
Dijo esperar que en la audiencia de este miércoles no le hagan lo mismo en la de mayo pasado, que cuando “presenté calidades en plena sala todos me miraron como una especie de intruso e iluso que pretendía lograr que se haga justicia a mis clientes despojados de su derecho de propiedad y otorgado a una empresa privada que ha logrado un grupo de mafiosos ponga en riesgo la seguridad jurídica en una zona turística como es la región Este”
La familia Contreras había adquirido las tres mil tareas en la provincia La Altagracia antes del año 1920 y por cuya posesión, a raíz del Decreto Número 49-1869, del año 1947 que ordenaba la Titulación Nacional, realizó los pagos correspondientes para obtener sus títulos legalizados mediante la Decisión 8 del Tribunal Superior de Tierras, en fecha 2 de septiembre del año 1949.
El abogado y profesor universitario planteó que respetar el debido proceso es cumplir lo que establece la Constitución y las leyes y no cambiarlo como hizo el juez en mayo pasado en el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de la provincia La Altagracia.
