Han hecho muy bien tanto el ministro de Educación, Andrés Navarro, como la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, en llamar a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y a la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FEPROUASD) a sendos diálogos sobre sus demandas salariales y laborales.
El diálogo debe ser siempre la respuesta a todos los diferendos, más aún si tocan los deprimidos salarios de los trabajadores dominicanos, y especialmente si afectan las labores educativas en un país tan retrasado en esa materia fundamental del desarrollo humano y por tanto social y económico.
En el caso de la ADP la demanda tiene menos justificación porque el magisterio ha sido el sector que más ha visto revaluados sus ingresos en los últimos años y en el gobierno del presidente Danilo Medina, gracias a que éste acató el postergado mandato legal de invertir el 4 por ciento del producto interno en educación básica. Pero aún así, con esos maestros hay que dialogar y poner datos sobre la mesa, porque todavía no alcanzan lo justo para vivir con decoro, a lo que siguen teniendo derecho.
Los profesores de la UASD están en peor circunstancia, porque para alcanzar niveles de dignidad salarial tienen que asumir una carga hasta más del doble de las horas semanales de docencia consideradas razonables para su rendimiento, que hace unos años el estatuto orgánico las limitaba a 16 horas.
Con 225 mil estudiantes, gran parte de las aulas de la UASD son desproporcionados hacinamientos, insuficientes, con promedios de alumnos que no permiten el menor seguimiento académico, y la degradación es cada vez mayor por la precariedad de laboratorios, asientos, equipos tecnológicos y materiales docentes.
Se discute con cierta razón que la FEPROUASD haya impedido iniciar el primer semestre del año con la paralización de la docencia; lo que debe ser el primer elemento a dilucidar en el diálogo convocado, y lo lógico es que den una oportunidad a ponderar sus demandas.
El problema de la UASD rebasa con mucho el asunto salarial, y debe ser objeto del diálogo con las autoridades: es si el Estado le dará los recursos imprescindibles para mantener una matrícula tan alta con una razonable calidad educativa, pues es secreto a voces que gran parte de sus egresados arrojan graves deficiencias. La tentación inmediata es limitar el ingreso, pero al mismo tiempo debemos preguntarnos qué hacer con los que queden excluidos, cuándo tendremos suficientes alternativas en educación técnica, y si el mejor subsidio no es a la educación, cuando contamos unos 400 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, constituyéndose en una potencial bomba social.
Nadie debe alarmarse ni condenar a priori los reclamos salariales de los grupos organizados, cuando la mayor parte de los trabadores dominicanos carecen de capacidad de presión para mejorar sus ingresos y muchos de ven obligados a in humanas jornadas de hasta 16 horas laborales para poder sobrevivir. Y con un promedio salarial de 9 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre es de 13 mil pesos mensuales. Sobre todo con tan alta desigualdad salarial, especialmente en la desmesurada burocracia política estatal.
Suenan tambores reivindicativos. El viernes hubo una marcha en Santiago reclamando mejores condiciones laborales para los policías, los pensionados del Estado claman por algo más de los 5 mil 117 pesos que reciben por mes, miles de cañeros aspiran a esa miserable pensión, agrónomos, enfermeras, laboratoristas y militares también reclaman. Y la respuesta no puede ser las humillaciones y abusos que ha sufrido el teniente Raymundo Cabrera, por haber denunciado las precarias condiciones salariales y laborales del “glorioso Ejército Nacional”.-
