El gobierno tendrá que poner atención a los claros indicadores de deterioro marcados por la encuesta Gallup publicada esta semana los cuales muestran una fuerte caída de la popularidad del presidente Danilo Medina, con alta preocupación sobre la situación económica y el endeudamiento nacional.
Con un 88% que cree en los sobornos de Odebrecht, un 60% no espera que habrá justicia, un elevado 91% apoyó la reciente marcha contra la corrupción y la impunidad, y 60% cree que la democracia dominicana es inoperante, mientras se cuestiona a fondo el acuerdo de la Procuraduría General de la República con la empresa brasileña.
PLD lidera la corrupción
La amplia red de promotores y defensores del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los medios de comunicación ya no es suficiente para contener el deterioro de su imagen, sobre todo en materia de corrupción e impunidad, y tendrán que tomar en cuenta los resultados arrojados por la primera encuesta publicada este año, la Gallup para HOY.
Resulta relevante que el 88% de los encuestados entre el 25 y el 30 de enero da por ciertos los sobornos a funcionarios gubernamentales por la constructora brasileña Odebrecht, incluyendo al gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, aunque el señalamiento se concentra en los del PLD, especialmente la gestión de Leonel Fernández, en un 61.5%, y la del presidente Medina el 50.4 %. El 41.5% acusa al de Mejía.
Esos resultados son congruentes con el hecho de que 15 de los 17 contratos de construcciones públicas fueron negociados por funcionarios peledeístas, incluyendo el mayor y más debatido, por 2 mil 40 millones de dólares para las plantas de carbón de Punta Catalina, en la actual gestión. El primero fue en el gobierno de Fernández (1996-00) para el acueducto de la línea noroeste, pero el congreso perredeísta no lo aprobó. En el período de Hipólito Mejía fue renegociado y aprobado por 220 millones de dólares para ser concluido en el segundo de Fernández, por 251 millones de dólares.
La otra contratación perredeísta fue para la presa de Pinalito en el 2002 por 131 millones de dólares, que también concluiría el régimen de Fernández a un costo de 300 millones. En los ocho años seguidos de Fernández (2004-12) se negociaron con Odebrecht nueve obras, por 1,541 millones de dólares. En el cuatrienio de Medina se cuentan contratos por 6 mil 240 millones, cuatro en ejecución, incluyendo las plantas, pero tres fueron renegociaciones de obras de Fernández, estimadas muy sobrevaluadas.
Contra la impunidad
Si algo no dejó dudas en esta encuesta es la altísima proporción, 91.5% que manifestó su acuerdo con la marcha contra la corrupción y la impunidad efectuada el 22 de enero, aunque baja a 63 la proporción que espera que dará buenos resultados. Un relevante 60% no cree que los responsables de los sobornos de Odebrecht serán sometidos a la acción judicial y sólo el 11% considera que todos los culpables serán sancionados.
Fue muy baja la proporción de los encuestados, 25%, que considera que la democracia dominicana es funcional. En cambio, el 60 por ciento la estima inoperante, y otro 12 por ciento tiene una opinión neutra, ni bien ni mal.
La encuesta Gallup vino a ratificar la percepción bastante generalizada, de que un importante segmento de la población muestra cada vez más disposición a la protesta por insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones. Ello explicaría el notable éxito de la reciente marcha y las miles de personas que están firmando el “libro verde contra la impunidad”, promovido por un amplio y variado comité organizador salido de grupos sociales e integrado básicamente por jóvenes de clase media.
Cae la valoración de Danilo
Uno de los hallazgos más significativos de la Gallup-HOY de esta semana ha sido la caída de la valoración positiva de la gestión del presidente Medina, que apenas sobrepasa la mitad de la población (51.3%), la más baja desde que empezó su primer período de gobierno en el 2012, una reducción de 13.5 puntos en relación al 64.8% que registró en abril del 2016, poco antes de su reelección con el 62 % en mayo. Empero, hay un resultado incongruente, ya que por otro lado, 62.7% dice que aprueba “la forma en que Medina conduce el gobierno, independientemente de su posición política”. En la Gallup-HOY de enero del 2013, la valoración de Danilo era positiva en 64.4% y llegó a sobrepasar el 83% en agosto del 2014 y enero del 2015.
Otros resultados explicarían la caída en la valoración positiva del gobierno de Medina: más de tres cuartas partes, el 76% de los encuestados, dice que la situación económica está mal, con sólo 7% considerándola buena y 16% regular. El 74% aprecia que el país va por mal camino, y el 40% estima que está estancado, mientras el 22% lo considera en retroceso. Poco más de la tercera parte, 36%, cree que el país progresa.
Al parecer la población está asumiendo las constantes advertencias y denuncias de que los gobiernos del PLD en especial el de Medina, se sostienen de un acelerado endeudamiento, pues el 72.5% de los encuestados por Gallup lo considera muy grave y una proporción mayor, 79%, cree que debe reducirse la nómina pública para destinar más dinero a las obligaciones del Estado.
Espeso silencio de Danilo
Se estima que el escándalo Odebrecht marca el momento más difícil que ha afrontado el presidente Medina, por su dimensión e implicaciones internacionales y por las reiteradas informaciones de que todos los implicados en los sobornos serán develados por la justicia de Brasil. El diario Folha de Sao Paulo, publicó el viernes los nombres y fotografías de decenas de políticos brasileños implicados, con los montos que habrían recibido, incluyendo al expresidente Lula da Silva y al actual presidente Michel Temer.
El escándalo Odebrecht implica cada día a más personajes políticos. Esta semana fue relevante la acusación judicial, con orden de captura internacional, contra el expresidente del Perú Alejandro Toledo, a quien la fiscalía acusa de haber recibido 20 millones de dólares para favorecer un contrato de 7 mil millones de dólares para una carretera que uniría las costas del Pacífico y atlántica, atravesando la cordillera de Los Andes y amplios ríos. El viernes se ofreció 30 mil dólares a quien ayude a capturarlo.
Hasta el presidente José Manuel Santos, ha sido salpicado por el testimonio de uno de los dos funcionarios identificados como receptores del soborno en Colombia por 11 millones de dólares, quien habría dicho que un millón fue para su campaña electoral.
Medina no ha sido personalmente vinculado, aunque el asesor de sus dos exitosas campañas electorales, Joao Santana, fue requerido por la justicia brasileña, cuando trabajaba aquí por su reelección. El 23 de febrero del año pasado fue apresado al llegar a Brasil, y ya fue condenado a 8 años de cárcel, Se le acusa de recibir financiamiento de Odebrecht para asesorías de campañas en Brasil y otros países.
Los partidos de oposición, como el Revolucionario Moderno, Alianza País, Alianza por la Democracia y Opción Democrática, así como columnistas y comentaristas de los medios de comunicación han demandado, en vano, que el presidente Medina rompa su silencio y exprese alguna condena y requerimiento de sanción por los sobornos confesados por Odebrecht que aquí fueron por 92 millones de dólares, los mayores relativamente.Es el único presidente de los países involucrados que ha evadido hablar del escándalo.
El acuerdo del Procurador
En medio del clamor nacional de identificación y sanciones a los receptores de los sobornos, la constitución de la comisión para investigar la contratación de las plantas de Punbta Catalina con la Odebrecht, incluyendo por lo menos a tres con conflictos de intereses en el caso, y la forma en que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, ha conducido la investigación tampoco ayudan al gobierno.
Lo peor ha sido el acuerdo “confidencial” con Odebrecht que anunció el Procurador al comenzar febrero, el cual se limita a cobrarle la multa por el duplo del monto de sus sobornos, sin reclamarle 163 millones de dólares que la misma empresa confesó haber obtenido de ellos, ni la indemnización que debería salir de una auditoría que determinara el monto de las sobrevaluaciones en las obras contratadas y el costo financiero.
La influyente Fundación Institucionalidad y Justicia rechazó tajantemente los términos del acuerdo, que se basa en recuperar dinero, sin exigirle la entrega de la lista de los sobornos, y sin suspenderle definitivamente sus operaciones, como mandan las leyes y se ha hecho en los demás países. Destacados juristas como Laura Acosta Lora y Francisco Alvarez Valdez, han planteado que procede la designación de una administración secuestraria que asuma la terminación de las obras que aún ejecuta Odebrecht.-
