Como para no dejar dudas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió la integración de la Junta Central Electoral (JCE), evadiendo el diálogo político social reclamado intensamente durante cuatro meses por los doce partidos de oposición y un amplio movimiento de la sociedad civil.
Los que lucharon por ejecutivos con perfil ético y sin ataduras partidarias lograron mediatizar el control peledeísta sobre el organismo rector de elecciones y del registro civil, pendientes ahora de la renovación de la Cámara de Cuentas (CC), por el Congreso Nacional, y del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.
La transacción Castaños
Tal como se advirtió en esta página el 6 de noviembre, el doctor Julio César Castaños Guzmán terminó electo presidente de la JCE como fórmula de transacción, que habría partido del gobierno del presidente Danilo Medina y terminó acogiendo el Comité Político del PLD, por los intensos reclamos del bloque de partidos de la oposición y de los sectores más activos de la sociedad civil organizada.
Si bien tres de los cinco titulares del organismo no tienen vínculos con el partido de gobierno, la totalidad de sus suplentes son peledeístas, dos de ellos miembros del Comité Central del partido gobernante. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que agrupa más de treinta organizaciones de la sociedad civil, acogió la designación de Castaños, además de Roberto Saladín y Carmen Imbert, por considerar que llenan el perfil adecuado de reputación profesional, ética e independencia. El bloque de 12 partidos de oposición sólo acogió a los dos primeros, y aunque a la doctora Imbert le reconoció integridad y profesionalidad, la descartaba por haber apoyado públicamente la reelección del presidente Danilo Medina.
Castaños llegó con aval general por sus ocho años en la JCE, cuatro como presidente, y por su reconocido ejercicio profesional, público y privado, Roberto Saladín, quien demostró independencia siendo gobernador del Banco Central bajo el último gobierno de Joaquín Balaguer, y embajador de los gobiernos del PLD, también fue considerado apto, aunque algunos mantuvieron reservas por pasar de 80 años, ya que los jueces de las altas cortes se retiran a los 75. Carmen Imbert, se ha distinguido en cargos judiciales, como escritora, articulista y comentarista de radio y televisión.
Los vinculados políticos
Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes completan la dirección de la JCE, recibieron objeciones políticas y sociales por sus vínculos partidarios y él, además, por haber sido de los integrantes de la Cámara de Cuentas que tuvieron que renunciar en el 2008 en vísperas de un juicio en el Senado, tras ser acusados por la Cámara de Diputados de violación de la Constitución y varias leyes, de nepotismo y otros cargos, y por su vinculación al Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno.
Las mismas objeciones que a Mejía, se hacían a Freddy Bolívar Almonte, un promotor político del presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, quien apareció en la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD la semana anterior, y en esta fue sustituido por Rosario Graciano, única de los anteriores titulares del organismo que permanecerá en el cargo, al que llegó tras desempeñarse como subsecretaria de prensa del PLD y luego como vicecanciller.
Los cinco suplentes electos tienen vínculos con el PLD, y varios se han desempeñado en diversos cargos administrativos. Luis García y Juan Bautista Cuevas aparecen en la matrícula de su Comité Central. El primero, que suple a Carmen Imbert, es periodista y asesor de prensa del presidente Medina; y el segundo, suplente de Henry Mejía, es un cercano colaborador de Reinaldo Pared. Al suplente de Castaños, Luis Minier Almonte, abogado de Santiago, se le relaciona con el expresidente Leonel Fernández y Monchy Fadul. José Lino Martínez, suplente de Saladín, es un colaborador del senador por Monseñor Nouel Félix Nova; a Rafael Evangelista, suplente de Graciano, se le asocia al senador por Samaná, Prim Pujols.
Tuvieron que conceder
Es obvio que la JCE mantiene un fuerte sello partidista, total en los suplentes, aunque distante del absoluto que los senadores peledeistas pretendían. En los titulares se operó una renovación de cuatro quintas partes, dejando fuera al polémico presidente Roberto Rosario, quien había convertido el organismo en un feudo personal y lo arrastró al sectarismo y al “tollo tecnológico” del escrutinio en el proceso electoral de mayo pasado.
La unidad de la oposición y el activismo de la sociedad civil, que movilizó a las jerarquías religiosas y empresariales, forzaron la transacción en la composición de la JCE, y mostraron que se requiere sumar muchas energías para contener los ímpetus absolutistas de un partido que controla todos los poderes públicos, y gran parte del aparato comunicativo y de las ausentes academias universitarias y organizaciones sindicales y profesionales.
El proceso evidenció la manipulación partidista y el desprecio a las metodologías y búsqueda de consenso. Más de 200 candidatos a integrar la JCE resultaron conejillos de indias pues, más allá de formulárseles algunas preguntas en entrevistas de 15-20 minutos, no fueron objeto de una evaluación, previa metodología científica, que incluye capacidades, actitudes sicológicas y currículo, como ocurre en el mundo contemporáneo para cualquier cargo de mediana jerarquía y que demandaran las entidades sociales.
En siete de los diez elegidos prevaleció el vínculo partidista y con los propios senadores electores. Aunque proclamaron muchas veces que la elección era patrimonio exclusivo del Senado, al final intervino el Comité Político peledeísta, que creó una comisión para cerrar acuerdos y se decidió sustituir a uno de los objetados por el escándalo de la CC en el 2008, otra concesión a la oposición y la sociedad civil.
Una oportunidad perdida
Aunque transaron parcialmente frente a los reclamos políticos y sociales, el gobierno y el PLD desperdiciaron la oportunidad de mostrar interés en la búsqueda de los consensos demandados por la sociedad para aprobar los grandes pactos pendientes, dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en enero cumplirá cinco años, como el eléctrico y el fiscal, y para las leyes del sistema electoral y de partidos.
El gobierno no ha logrado conseguir consenso para el pacto eléctrico, cuya concertación cumplirá dos años en enero. El pacto fiscal fue intentado al inicio del gobierno de Medina en el 2012, pero fue abandonado pocas semanas después, y no ha vuelto a estar en la agenda gubernamental, a pesar de las demandas públicas y las limitaciones fiscales con que se maneja el Estado, con grandes deudas sociales en materia de pobreza, salubridad, agua potable, electricidad, salarios de servidores públicos, transporte y otros.
El problema radica en la escasa vocación concertadora que prevalece en el sistema político, acentuado entre los peledeístas. Después que la oposición política y la sociedad civil acogieron dos y tres de los cinco candidatos a la JCE que propuso el PLD, bien pudo escogerse los otros entre personalidades de consenso, y ser menos sectarios en la elección de los suplentes, Pudieron crear un mejor ambiente para las concertaciones necesarias.
La Cámara de Cuentas
La atención pública se desplaza ahora hacia la CC, el máximo organismo de control y auditoría de los recursos públicos, cuyos cinco titulares también concluyeron su período constitucional el 16 de agosto pasado. De acuerdo al artículo 248 de la Constitución son elegidos por el Senado de ternas que presenta la Cámara de Diputados.
Tanto la oposición política como la sociedad civil a través de su Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, y líderes de diversos ámbitos han extendido a la CC su demanda de profesionales independientes de todos los poderes. La preocupación es generalizada por los altos niveles de corrupción y la impunidad prevalecientes en el país.
Entre los actuales titulares de la CC también prevalecen los vinculados al partido de gobierno, aunque en general han guardado un perfil profesional y su presidenta Liselotte Marte de Barrios, proveniente del Partido Reformista Social Cristiano, es una profesional con perfil de independencia y de ejercicio público decoroso.
El martes 15 la Cámara de Diputados publicó un listado de 259 aspirantes a integrar la CC, 5 más que la vez anterior, y llamó a vistas públicas a partir de mañana lunes y hasta el 5 de diciembre, donde participarán los candidatos y cualquier ciudadano podrá presentar observaciones. Empero no se ha precisado la metodología de evaluación y elección.
Otros con período vencido en agosto son los jueces del Tribunal Superior Electoral, por igual objetos de conflictos políticos, pero aún no se convoca a su órgano elector, el Consejo Nacional de la Magistratura, también con mayoría del PLD.-
