Ahora que ha comenzado a ser aprobado, el proyecto de “Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” ponderado en la Cámara de Diputados durante cinco años, debe albergarse la esperanza de que pronto la sociedad dominicana decida enfrentar el caos que se manifiesta en ese sector, con complejidades, costos y repercusiones tan serias como la inseguridad ciudadana y los desastres medioambientales.
Como todas nuestras obras, este proyecto no será perfecto y tendrá que pasar ahora por el cedazo del Senado antes que pueda ser convertido en ley, y luego afrontar el desafío de su implementación, algo siempre difícil en una nación donde las normativas legales se consideran meras sugerencias.
Como en la seguridad ciudadana, las reformas políticas, el saneamiento ambiental y la eficiencia de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, en materia de transporte y seguridad vial estamos saturados de seminarios, diagnósticos y consensos, faltando voluntad de ejecución y para subordinar los intereses particulares a los sociales.
El proyecto aprobado el miércoles por los diputados contiene un enfoque integral y bien fundado de los problemas que debemos superar, para hacer eficiente un transporte que consume alrededor del 25 por ciento del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, y para economizarnos las más de dos mil vidas y decenas de miles de lesionados que arrojan anualmente los accidentes de tránsito.
Es todo un código de casi 400 páginas, que refunde una decena de organismos superpuestos, creando un Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial, que reconoce facultades de los ayuntamientos y la multiplicidad de intereses que deben ser conciliados en el sector. También actualiza las obsoletas normativas de la circulación vehicular.
Es evidente que los operadores del transporte público, sindicatos, gremios o pequeñas y medianas empresas asociadas, tienen responsabilidad en el caos en que ha devenido la circulación vial, pero a menudo se desconoce sus aportes y significado, estigmatizándolos por defender sus derechos al empleo y la vida, o porque han recibido subsidios y facilidades estatales, como si fueran los únicos.
Es necesario atacar el inaceptable monopolio del transporte de carga, operado por gremios empresariales que llegan al extremo de impedir que otras empresas puedan utilizar sus propios medios para transportar mercancías o materias primas, pero no es justo meter en el mismo saco a decenas de miles de propietarios y operadores de los llamados carros de concho, de minibuses y hasta de moto-conchos, en su inmensa mayoría dominicanos pobres que se ganan la vida de forma honrada y que durante décadas han sido quienes han ofrecido el servicio de transporte, deficiente y costoso, pero es lo que ha parido esta sociedad. El Estado ha fracasado persistentemente en el sector y los grandes empresarios no han invertido en lo que muchos consideran una actividad de baja rentabilidad.
El proyecto de ley tiene entre sus fundamentos un “Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo”, del 2012, según el cual el 80.5 % de los pasajes los suplían 16 mil 50 carros de concho y 2,900 micro y minibuses, y el peligroso moto-concho cubría 10.6 por ciento, 90 autobuses el 2%, la estatal OMSA el 3.6, y la primera línea del metro el 3.3%, que ahora con la segunda llega al 6 %. Nadie sabe cuántas del actual millón 946 mil motocicletas operan como moto-concho, pero son cientos de miles.
Entre ellos hay delincuentes, como en todas las actividades nacionales, pera la inmensa mayoría se ganan la vida y sostienen sus familias en jornadas agotadoras. El que pretenda ignorarlos comete una injusticia y un grave error, pues podrían ser empujados a la inmensa legión de la delincuencia. No son santos pero tampoco demonios, sólo que no tienen quien les escriba o les defienda y muchos los toman como chivos expiatorios de nuestras deficiencias e incapacidades para organizar esta sociedad.-
