Al acusar a la sociedad civil de pretender que el presidente Danilo Medina viole la Constitución de la República, cuando se le pide que auspicie un consenso para elegir los titulares de los órganos electorales y de la Cámara de Cuentas, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofende la inteligencia de los dominicanos/as y revela una deplorable escasez argumentativa para negar derechos fundamentales.
El dirigente político pretende una independencia de poderes a ultranza que negaría la facultad presidencial de iniciar gestiones legislativas, y debería desprenderse también que los legisladores carecen de facultad para solicitar acciones del Poder Ejecutivo.
En todas las democracias los jefes de Estado tienen responsabilidad en la promoción de acuerdos y consensos políticos y sociales, sobre todo en los asuntos fundamentales que se refieren a la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Sería una tontería citar ejemplos.
Basta recordar que el propio Presidente Danilo Medina fue quien recientemente pidió la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado para buscar consenso una vez más sobre la Ley de Partidos Políticos y la Ley del Régimen Electoral. El mandatario también ha tomado otras numerosas iniciativas para buscar consensos políticos y sociales, anticipándose a la gestión legislativa. Eso fue el intento de pacto fiscal del 2012, el pacto por la educación del 2015 y el pacto eléctrico aún en discusión. En el 2013, mediante el decreto 286-13 creó una “Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo”, presidida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, e integrada por abogados representantes de los sectores empresariales y sindicales.
Hasta para reformar la misma Constitución los presidentes Medina y Leonel Fernández, del partido gobernante, crearon comisiones y auspiciaron amplias consultas político-sociales y crearon organismos como el Consejo Económico Social, con participación empresarial y social.
¿Fue el Congreso de la República quien tomó la iniciativa para modificar la Constitución el año pasado para posibilitar una nueva reelección del presidente Medina? ¿O ya Peralta olvidó que eso lo decidió el Comité Político del PLD en una sesión en la que él mismo tomó parte? ¿Violaron entonces la Constitución?
Pero si nos vamos más atrás encontraremos innumerables ejemplos de concertaciones político-sociales que luego fueron convertidas en leyes, como la del código laboral, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley de Seguridad Social, y también para integrar la Junta Central Electoral o modificar la Constitución o la Ley Electoral, como ocurrió en los años 1994 con el Pacto por la Democracia, y luego en 1997, 2002 y 2003.
En Participación Ciudadana insistimos en reclamar, como lo hacemos junto a la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, en la necesidad de la concertación de un nuevo pacto político social para superar las debilidades y los retrocesos registrados en el reciente proceso electoral. La elección de los titulares de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas es parte fundamental de la concertación.-
