El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la medicación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.
No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación
La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.
La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.
La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total
En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.
Plantearon que la sociedad civil no sólo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.
El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País. Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.
Reclamos de la Sociedad Civil
En la misma sesión del martes 13, representantes de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, integrada por más de 30 organizaciones, que a su vez implican unas 300 entidades sociales, empresariales, religiosas y comunitarias, formularon sus reclamos de participar en lo que definen como un gran pacto político-social, que incluya la elección de la JCE, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, así como en la concertación de las pendientes leyes del sistema electoral y de partidos políticos.
Plantearon específicamente que esos organismos sean integrados “con ciudadanos independientes, los cuales no tengan militancia o vinculación activa, ni hayan formado parte de órganos de dirección nacional, regional o local de algún partido político en los últimos 5 años”. También que se elijan en base a un perfil y conforme a una metodología previamente elaborada por el órgano constitucional competente, que establezca las competencias, aptitudes y requisitos profesionales con que deben contar los candidatos.
La iniciativa formuló las líneas básicas para la ley del Régimen Electoral que fortalezca las facultades de la JCE para regular las campañas electorales, reducir su duración, transparentar las donaciones privadas, garantizar equidad en el acceso a los medios de comunicación y la publicidad, elevar la transparencia en el gasto partidista y un régimen efectivo de consecuencias a las violaciones de la ley. Para la ley de partidos piden garantías de su democracia interna, primarias transparentes, reforma a la distribución de los fondos públicos, equidad de género y rendición de cuentas.
Sobre el diálogo en marcha, reclaman una representación permanente para acompañar y apoyar sus trabajos y ser compromisarios de los acuerdos, que se designe una comisión técnica para elaborar los proyectos de leyes a partir de las diversas propuestas formuladas y elaborar un perfil de candidatos a los cargos de los órganos de arbitraje y control para ser sometido al Senado y al Consejo de la Magistratura.
Suave aterrizaje en la JCE
La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo ´para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.
Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.
Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes facticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales
Salvar la gobernabilidad
Los apremios fiscales por los que atraviesa el gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos sólo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo
Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.
Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.-
