La sociedad dominicana estrenó un nuevo período gubernamental el pasado 16 de agosto. Y a propósito de esto el señor presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, esbozó en el acto de tomas de posesión los lineamientos generales que orientarían la gestión gubernamental en el siguiente cuatrienio. Sin dudas que muchas de estas propuestas de ejecutarse como están esbozadas aportarían factores de protección a nuestra sociedad y harían disminuir los factores de riesgos asociados a problemas psicosociales, como es el de las drogas, que tanto afectan y preocupan a la ciudadanía. Auguramos éxitos en estas iniciativas.
Sin embargo, desde Casa Abierta nos habíamos formulado grandes expectativas respecto a un cambio en la actual política de Estado sobre drogas. Esto, a propósito del abordaje del señor presidente en la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC, donde afirmó la urgencia de atrevernos a “abrir nuevos debates, a explorar nuevos caminos”, así como a definir “… políticas y medidas sobre drogas centradas en el ser humano, y tomando en cuenta los derechos inalienables de las personas, avancen en enfoques para la reducción, no solo de la oferta, sino también y muy especialmente, de la demanda de drogas”. Habló el presidente Medina del “escepticismo y la frustración creciente de nuestros pueblos”, que a nuestro juicio, y parece que a los del presidente, son consecuencias de políticas de Estado centradas en las sustancias y violatoria a los derechos humanos.
A pesar de esta posición avanzada, en su discurso ante la CELAC, el señor presidente en su plan de gobierno para los próximos cuatro años, ni siquiera hizo una mención tangencial del fenómeno de las drogas y sus problemas asociados. Esto no guarda coherencia con la frecuencia con la que escuchamos decir que las drogas son un tema de mucha preocupación y que hoy es un problema muy serio en el país. Esto envía un mensaje nada alentador, que indica que seguirá vigente una política de drogas mediocre, violatoria de los derechos, corrompida, abusiva, que nos mantiene girando en un círculo vicioso, y que solo tiene efectos negativos.
Pero, es el comienzo. El señor presidente aún está a tiempo de impedir el “escepticismo y la frustración creciente” de que él habló en la CELAC. Las consecuencias de estas políticas basadas en la ley 50 -88, son la gran paradoja de una red invertida e injusta, pues atrapan a los más pequeños y débiles, pero dejan pasar a los grandes y poderosos. Aun se está a tiempo de impedir la reiteración por cuatro años más de estas miradas ultraconservadoras.
El nuevo gobierno si ama la justicia tiene la obligación de atreverse a abrir nuevos debates, a explorar nuevos caminos, para definir políticas de drogas centradas en el ser humano. Esto no puede hacerse sin superar la anacrónica ley 50 -88, centrada en las sustancias y violatoria de los derechos de los jóvenes más vulnerables de nuestra sociedad. Es urgente una nueva ley sobre drogas que defina la prevención y el tratamiento como las estrategias prioritarias, que redefina las estrategias de control que no han mostrado ser capaces de reducir la oferta de drogas en la sociedad, pero que además están penetradas por la corrupción más descarada. Una ley moderna, que despenalice los consumos, convertidos en delito por la perspectiva ultraprohibicionistas, sin más argumento que el miedo y la represión.
Pero la justicia demorada es justicia denegada. No podemos esperar a la modificación de la ley 50 -88. Es por ello que proponemos al señor presidente un gesto de justicia, declarando un indulto general que retorne a sus familias a las personas detenidas o procesadas por simple posesión de sustancias, que hoy son la mayoría de las personas detenidas por violación a la ley 50 -88, y que su único delito es ser consumidores.
Para enfrentar el fenómeno de las drogas de forma correcta debemos hacerlo con la masificación de los programas de prevención basados en las evidencias que da la ciencia, las buenas prácticas, las investigaciones, la formación de profesionales. Es urgente además dotar a nuestra sociedad de modelos de tratamientos de calidad, profesionalizados, respetuosos de los derechos y dignidad de las personas. Es vital la aplicación de estrategias de reducción de riesgos y daños para atender especialmente a los usuarios de heroína, una población creciente en nuestro país. Estas son personas con derechos a la salud, pero que en la actual política son parias, absurdamente calificados como traficantes por una ley perversa. Pero además hoy son vectores para el contagio de enfermedades como la hepatitis, el VIH, entre otras. Estas personas están muriendo en nuestras calles sin la atención que se merecen.
La sociedad dominicana no se merece la actual política de drogas contraria a los derechos, basada en los estereotipos, discriminaciones, estigmatizaciones y que no pueden mostrar más que daños. El señor presidente tiene la oportunidad en los próximos cuatro años de definir una política que se aproxime al fenómeno de las drogas sin miedos absurdos, y leyes patéticas. Es decisión del señor presidente decidirse a abrir “nuevos debates, explorar nuevos caminos”, o seguir fomentando el “escepticismo y la frustración creciente”, de la que nos ha hablado. Como también ha dicho el señor presidente en su discurso, citando al profesor Juan Bosch: “No basta con tener ideas, hay que hacerlas realidad en lo grande y en lo minúsculo”.
